La organización internacional de derechos humanos rechazzó las recientes declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ante la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados que "demuestran un notorio y alarmante desconocimiento del marco legal vigente y de los compromisos internacionales, a la vez que promueve discursos de odio y discriminación contra mujeres y diversidades".
Cúneo Libarona compareció ayer ante esa comisión para explicar las decisiones del gobierno en relación con las políticas de género, en particular tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la reciente reestructuración del organismo. "Sin embargo, lejos de ofrecer claridad sobre las políticas adoptadas por el actual gobierno para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, el ministro emitió declaraciones de suma gravedad institucional que promueven la violencia y el odio contra las personas de la comunidad LGBTIQ+" dijo Amnistía.
En particular, señaló que el gobierno "rechaza la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología" y que su gestión se centrará en "castigar la violencia sin género", ignorando de esta manera el marco normativo vigente y desconociendo la problemática estructural de la violencia de género y su impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, niñas y diversidades.
“Es inaceptable que el ministro de Justicia de la Nación posicione su mirada personal y subjetiva por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. El Estado argentino reconoce los derechos de todas las personas a la libertad y dignidad en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. A su vez prohíbe la discriminación, el odio, la persecución y la violencia”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Agregó que es obligación del Estado garantizar y promover la igualdad real de oportunidades para las mujeres y personas LGBTIQ+. Diversas leyes establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como así también el deber de garantizar el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género, a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad.
Además se menciona que las declaraciones " fueron luego respaldadas por el vocero presidencial, lo que pone en evidencia el uso persistente de narrativas de confrontación y demonización sobre los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ por parte de funcionarios del gobierno nacional para desviar la atención de problemas reales como el aumento de la pobreza y la indigencia, el hambre, la falta de acceso a medicamentos de todo tipo, entre otros".
