El Fiscal de Estado, Horacio Ortega, indicó en declaraciones a momarandu.com que la provincia está solicitando a la Corte Suprema la ratificación de una audiencia para negociar deudas relacionadas el Instituto de Previsión Social y la Administración Nacional de la Seguridad Social, y reflexionó sobre el rechazo al pedido de la provincia para querella en la causa Loan.
Sobre unas presentaciones por parte de la provincia ante la Corte Suprema en contra del Estado Nacional. ¿Algún avance?
- Nosotros estamos pidiendo ahora la ratificación, viendo que la Corte dispuso una audiencia entre el Ministerio de Economía de Nación y la Ciudad Autónoma. Estamos solicitando la posibilidad de que se nos dé la misma oportunidad de tener la audiencia, como para poder negociar ahí en lo que se refiere tanto a regalías como a la continuidad del trámite de verificación en lo que es IPS y ANSES.
CASO LOAN
La Cámara se expidió con respecto al pedido de la provincia acerca de la causa Loba. Buen día.
- Sí, la semana pasada tuvimos la resolución de la Cámara. En ese aspecto, estamos evaluando la posibilidad, pero hasta la facultad que me da la ley a mí, resulta que cuando tenemos resoluciones adversas, la obligación legal que se me impone es la apelación. De ahí en más, seguiremos las instrucciones que consideraremos necesarias para continuar en el proceso.
¿Cómo tomó usted el fallo de la Cámara?
- En la primera instancia falló la Cámara. Acá hay dos cuestiones que hay que ver. Si bien la Cámara ratifica la opinión de la jueza en cuanto a la constitución de querellante, tampoco se anuló la posibilidad de que el Estado siga ofreciendo algún tipo de prueba. Lo que no va a haber es un control sobre el expediente. Pero la otra cuestión que sí llamó la atención fue que, en la audiencia, no solamente los abogados de los defensores se oponían a la constitución de querellante por parte del Estado, sino que lo hacían todos: tanto el defensor de los niños, como el fiscal de Cámara, todos en contra de esta posibilidad de que el Estado, que tiene una buena posición como para poder articular medidas, y también está el interés del Estado de poder continuar en la causa, en tanto hay un funcionario público, se oponían a la constitución de querellante.
¿Hubo mucha especulación con respecto a la participación de la provincia en el tema?
- No hay ninguna posibilidad de eso porque el control del proceso lo lleva el juez. Nosotros no podemos ni embarrar, ni mucho menos sacar ninguna de ese tipo de conjetura. Al contrario, cuando el Estado presentó medidas probatorias, se admitieron todas. Una era la declaración del padre, que después incluso incluyó la del padre de la abuela del menor, y bueno, se tomaron esas, incluso la de los hermanos.
