El Fiscal de Estado Horacio Ortega remarcó, entrevistado por momarandu.com, que el Ministerio Público insistirá en una instancia superior con el ejercicio de sus derechos para participar y formular una acusación propia en el caso Loan Danilo Peña, cuya causa se tramita en el Juzgado Federal de Goya bajo la carátula de sustracción de menor.
Ortega argumentó que, según las convenciones internacionales, los estados deben actuar en consecuencia dentro del ámbito que les corresponde, y a pesar de que la jueza considera que los derechos del menor están protegidos, es necesario apelar la decisión para asegurar que todas las pruebas y derechos de la provincia sean considerados.
Por otra parte, destacó que, aunque se rechazó la querella provincial, la jueza admitió y ordenó la incorporación de diversas pruebas solicitadas por la Fiscalía, incluyendo testimonios y informes de los fiscales anteriores.
Además, subrayó la importancia de que se documente y considere la movilización y actuación de las fuerzas policiales y otros recursos provinciales en la búsqueda y la investigación del caso, reflejando el compromiso y asistencia brindada por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial en este proceso.
- Después del rechazo por parte de la justicia federal a la querella provincial en la causa Loan Peña, ¿cuáles son los pasos a seguir?
- Sí, la idea es, como habíamos dicho desde un primer momento, poder ejercer todos los derechos que le corresponden a la provincia de Corrientes en el marco de la desaparición de este chico, porque estamos convencidos de que, por las convenciones internacionales, los estados tienen que actuar en consecuencia y dentro del ámbito que les corresponde, esto es dentro de la investigación. Y si bien la jueza formalmente dice que los derechos del menor se encuentran protegidos por las autoridades judiciales, como lo expresa en la resolución, creemos que es necesario apelar esta decisión. Más allá de eso, hay que tener en cuenta también que la jueza admitió las distintas pruebas que habíamos solicitado, no solamente las testimoniales, sino también la incorporación por informe de lo que había hecho el fiscal Castillo en su momento y también pidió la incorporación por informe del otro fiscal que había actuado en la causa. Por lo tanto, creemos que es necesario llevar a cabo la apelación ante la Cámara y para ello tenemos plazos hasta el día viernes.
- Eso no había trascendido mucho, lo que acaba de mencionar usted. Lo único que trascendió fue el rechazo por parte de la Justicia Federal de aceptar a la provincia como querellante, pero no que se habían admitido las pruebas que presentaron.
- Sí, sí, no solamente se admitieron, sino que se incorporaron. Y esto es algo importante porque también se incorpora todo el actuar de lo que se hizo por parte de las fuerzas policiales y queda en claro la situación en la cual el Gobernador, por mandato constitucional, le brinda toda la asistencia al Poder Judicial para llevar a cabo todas las diligencias judiciales que se realizaron en ese momento. Esto también está enmarcado dentro de la actividad que le corresponde constitucionalmente al Poder Ejecutivo, como es la de brindar toda la asistencia y toda la fuerza al Poder Judicial cuando se está en etapa de investigación. Y en ese caso, se da cuenta también de la movilización que se dispuso al momento de la pérdida de la criatura, esto es, la cantidad de efectivos policiales, bomberos, drones, todo esto que queríamos que se incorporara a la causa para poner y dar cuenta de cómo se actuó por parte del Poder Ejecutivo de la provincia, porque tenemos justamente la representación propia nosotros como Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo Provincial.
- Sí, efectivamente, recibió mucha crítica tanto el Gobierno como la Fiscalía por el tiempo que tardó en presentarse como querellante.
- Nosotros teníamos un oficio que le había llegado a la provincia de Corrientes, al gobierno de la provincia de Corrientes a través del Superior Tribunal de Justicia, en la cual, por cuestiones de investigación y criterio de la jueza que estaba investigando, no podían ni la Policía de la provincia, ni el Ministerio de Seguridad, ni el Ministerio de Justicia intervenir en la investigación. Por ello es que, con buen criterio, el Gobernador dejó que avanzara la investigación en las etapas que sabemos y posteriormente instruyó a la Fiscalía para que pudiéramos intervenir dentro de un proceso que ya estaba en movimiento. Y no solamente se solicitó en su momento la intervención de la provincia como querellante, sino que también se instó al procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, teniendo en cuenta que estamos atravesando un periodo en el cual la jueza, con los elementos que existen, puede determinar la resolución de la situación procesal de ellos y nosotros creemos que con el material probatorio y de acuerdo a la instancia procesal que atravesamos, bien puede caber el procesamiento.
