La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por dos casos: uno por desapariciones forzadas y otro por falta de la debida diligencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves (16.05.2024) a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuellar, su padre y su colaboradora, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que consideraba subversivos.
"La Corte considera que el Estado es responsable por la sustracción y posterior desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, sin que a la fecha se tenga noticias de su paradero, y que esta desaparición es atribuible al Estado", indica la sentencia.
"Un día antes de su desaparición, la señora Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador", agrega la sentencia.
La CorteIDH estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de "amenazas y hostigamientos que culminaron con su desaparición, sin que el Estado cumpliera con su obligación de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos". El Estado salvadoreño violó el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación de Patricia Cuéllar al impedir su labor de promoción, defensa y denuncia en el ámbito de los derechos humanos, indica la sentencia.
Los jueces también determinaron que el Estado violó su obligación de realizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas, hasta que se determine con certeza su suerte o el paradero; violó el derecho a conocer la verdad, el de la integridad personal, el de la protección de la familia y los derechos de la niñez, en perjuicio de sus parientes.
Otra condena a El Salvador en el mismo día
Además, la CorteIDH condenó este jueves al Estado de El Salvador por la falta de la debida diligencia en la investigación penal de un atentado en 1993 que le provocó graves lesiones al funcionario judicial Miguel Ángel Aguirre Magaña.
La sentencia determina que El Salvador es responsable por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales en perjuicio de Aguirre, debido a que el Estado no cumplió con la debida diligencia, con la garantía del plazo razonable ni tampoco contó con un recurso efectivo para garantizar sus derechos.
