Dos jueces, Victoria Sharp y Justice Johnson, tienen en sus manos el que sin duda es uno de los casos más polémicos y además mediáticos de su carrera, y cuya conclusión será decisiva para el futuro de Julian Assange, una vez concluida la vista de dos días en lo que supuso el último intento del fundador de Wikileaks, ante la justicia británica, de evitar su extradición a los Estados Unidos. «La decisión del tribunal decidirá si Julian vive o muere», declaró Stella Morris, su esposa, debido al mal estado de salud de su marido, que se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de prisión si se le considera culpable de los 17 delitos de espionaje de los que se le acusa.
La defensa del periodista expuso el martes que las motivaciones de las autoridades estadounidenses son políticas, y por tanto la extradición no procede, pero este miércoles, los abogados que representan a Estados Unidos acusaron al australiano, de 52 años, de poner vidas en riesgo a través de la publicación de miles de documentos clasificados del gobierno al que representan. Clair Dobbin, una de las abogadas, argumentó ante el tribunal que las acciones de Assange estaban lejos de ser las de un «periodista común» y dijo que no se dedicó a hacer un periodismo responsable con la filtración masiva.
Dobbin afirmó que el juez que evaluó inicialmente el caso de Assange había rechazado de plano la idea de que debía ser tratado como periodista o editor, y lo acusó de haber buscado activamente material clasificado, para su publicación en el sitio web de WikiLeaks, en lugar de simplemente ser un receptor pasivo. Además hizo hincapié en que Chelsea Manning, la exsoldado estadounidense que proporcionó a Assange grandes cantidades de documentos clasificados, había actuado en respuesta a sus demandas y que además Assange la había incitado a robar y ayudado a descifrar contraseñas de los ordenadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos para acceder a la información que luego publicó sin edición ninguna. También se le acusa de intentar reclutar a otros hackers y filtradores de información clasificada.
Assange era consciente, dijo la letrada, de que esto podría poner en riesgo a personas que colaboraban con las autoridades, y provocó que algunos individuos tuvieran que huir de sus hogares y países de origen, perdieran su empleo, sufrieran la congelación de activos por parte de los regímenes represivos de los países donde vivían o incluso fueran encarcelados, disputando así las afirmaciones hechas por la defensa de Assange de que los mencionados en el material filtrado no sufrieron daños. «Publicó de manera consciente e indiscriminada ante el mundo los nombres de individuos que actuaron como fuentes de información para Estados Unidos», aseguró.
