El Gobierno nacional informó este jueves que, en consonancia con los objetivos trazados al inicio de su gestión, tomó la determinación de reducir el subsidio otorgado a las empresas prestadoras de servicios de jurisdicción nacional.
Se trata de una medida que tiene como objetivo principal concentrar la ayuda directa a los usuarios que más lo necesitan, canalizando dicha asistencia a través del sistema SUBE, indicó.
A través de un comunicado, confirmó que en primera instancia, la Secretaría de Transporte ha decidido poner fin al congelamiento de tarifas heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para líneas de jurisdicción nacional.
Esto, explicó, implicará otorgar un mayor protagonismo a la tarifa en la cobertura de los costos operativos, lo que a su vez conllevará una reducción significativa de los subsidios destinados a las empresas.
SIN FONDOS DE ASISTENCIA
Asimismo, confirmó que también se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran percibidas por empresas prestadoras de servicios fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Gobierno argumentó que éstas decisiones están alineadas con el Pacto Fiscal firmado entre los Gobernadores Provinciales y el Gobierno Nacional en los años 2017 y 2018.
Cabe recordar que este acuerdo establece el compromiso de eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como también determina que las provincias definirán compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros en sus respectivas jurisdicciones.
ATRIBUTO SOCIAL
Por último, informó que los usuarios que requieran del apoyo del Estado nacional continuarán beneficiándose del Atributo Social en todo el territorio nacional donde esté disponible la tarjeta SUBE.
Este programa de asistencia garantiza un descuento del 55 por ciento en la tarifa del transporte público, independientemente del lugar de residencia de los beneficiarios.
En línea con estos principios, confirmó que se ha decidido que los fondos destinados al transporte público lleguen directamente a los ciudadanos, "sin intermediarios de ningún tipo, con el objetivo de beneficiar de manera más efectiva a las personas que más lo necesitan".
