"Hubo complicidad de muchos dirigentes que se callaron mucho tiempo, encontramos galpones llenos de insumos tirados, otro con drogas de alto valor para la medicina", expresó el gobernador del Chaco, consultado sobre la denuncia que impulsa el diputado de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker.
"Vamos a avanzar con todas las denuncias por la herencia que recibimos, por la situación que estamos atravesando en la provincia, es grave", remarcó.
Esta semana, la Justicia del Chaco avanza en los allanamientos en el barrio La Rubita, en la causa judicial abierta al dirigente social Carlos Barraza, que fue detenido luego de tres allanamientos en sus propiedades en las que se incautaron materiales de construcción, tractores, decenas de bicicletas que debían entregarse a los beneficiarios, entre otros elementos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social chaqueño.
Según Zdero, en declaraciones realizadas en La Mañana de El Observador, "los dirigentes sociales se convirtieron en gerentes de la pobreza, en las que tenían flota de camiones como el Clan Sena y nosotros cumplimos con la orden judicial para que avance contra Barraza que evidencia el gran manejo de recursos y el poder de tener a mucha gente siendo gerentes de la pobreza. No vamos a conciliar ni seremos cómplices de una situación que arrastró al Chaco a ser la provincia más pobre del país".
LA DEFENSA NIEGA LAS ACUSACIONES
En paralelo, el abogado que representa al dirigente Carlos Barraza, José Galassi, ex letrado de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, aseguró que Barraza es un "preso político" y que su defendido tiene "toda la documentación que respalda sus dichos".
Barraza, antes de ser detenido, aseguró que el Gobierno de Zdero lo quería meter preso para evitar que se presente como diputado en el año 2025.
Se trata de los mismos argumentos esgrimidos por el Clan Sena. El dirigente explicó: "Claramente, no soy un delincuente pues sino hubiese vendido todas las herramientas que me dio el Gobierno".
En Chaco, la tercerización de la obra pública en dirigentes sociales generó media docena de causas judiciales y la detención de sus principales supuestos representantes de los que menos tienen.
El panorama no es muy diferente a lo que sucede con los movimientos sociales a nivel nacional. Sin embargo, en las tierras que gobernó Capitanich durante una década, parece existir voluntad política para ir a fondo contra los "gerentes de la pobreza".
