Organizaciones socioambientales y campesinas manifestaron su oposición a la "Ley Ómnibus" y al DNU 70-2023. Manfiestan que la emergencia económica no puede ser utilizada como justificación para la destrucción de los bienes comunes.
Organizaciones socioambientales y campesinas expresaron su "rotundo rechazo" en una declaración conjunta, "en defensa de los ecosistemas y su invaluable biodiversidad".
Sostienen que la legislación amenaza con socavar "los avances logrados a través de arduas luchas y debates democráticos" enmarcados en leyes fundamentales como la Ley de Bosques (26.331), Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.552), Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).
Recuerdan que para la aprobación de estas leyes, se emprendieron procesos participativos que condujeron a la elaboración de herramientas adaptadas a las necesidades de preservación de los ecosistemas y el control del acaparamiento de tierras y el extractivismo.
AMENAZA DE DESALOJOS
Por otra parte, expresaron su contundente rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70-2023, que deroga la Ley de Tierras (26.737).
Esta medida, según señalan, representa una amenaza real de desalojos, pérdida de territorio y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, impulsados por la acción de la industria forestal, el acaparamiento de tierras y prácticas que atentan contra la sostenibilidad y el bienestar común.
Las organizaciones subrayaron que la emergencia económica no puede ser utilizada como justificación para la destrucción de los bienes comunes.
Por otra parte, las oeneges adelantaron que la lucha por un ambiente sano persistirá y que la "criminalización de la protesta" no será "un impedimento para salir a las calles y defender la naturaleza y las comunidades que la habitan".
Prometen que las movilizaciones serán constantes "hasta lograr garantizar un legado sostenible para las generaciones futuras" y en oposición firme contra "proyectos que atenten contra la preservación del medio ambiente" y "los derechos de las comunidades locales".
