En su paquete de medidas para desregular el Estado, el Gobierno Nacional impulsará modificaciones en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en especial en la potestad del organismo en regular los precios de la yerba mate.
La medida formaría parte del megadecreto de necesidad y urgencia que dará a conocer este miércoles el presidente Javier Milei, con desregulaciones económicas, achicamiento de gastos del Estado y otros cambios.
Según pudo saber La Nación, el decreto de necesidad y urgencia avanzará, en el caso del agro, sobre leyes la mayoría desactualizadas. Hay cuestiones vinculadas con la vitivinicultura, el algodón, la Ley de Tierras y una reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
En el caso de la reforma del Instituto de la Yerba Mate (INYM), cambiará funciones y entre ellas ya no tendrá la potestad de regular los precios entre productores e industrias.
Ese instituto se creó en 2002 luego de una protesta de productores. La ley 25.564 estableció que se trata de un ente de derecho público no estatal. Participan productores, las provincias productoras (Misiones y Corrientes), la industria y el Estado.
En su momento, el artículo 4 de esa ley estableció entre las funciones del organismo “acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima”.
“El mismo resultará de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar. El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley”, decía.
Allí se fijó que “si las partes no llegasen a un acuerdo la cuestión se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas [por la ley]”.
Vale recordar que el Gobierno finalizó los programas como Precios Justos porque no está de acuerdo con las regulaciones. En esa línea se inscribe también el plan para el INYM.
El ente se financia, entre otras fuentes, con una tasa de inspección y fiscalización por cada kilo de yerba elaborada.
