Gustavo Larrea, presidente de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros, describió entrevistado por momarandu.com, la perspectiva empresarial a la crisis del transporte público. Se trata de un servicio marcado por asimetrías, con retrazos y sumido en la incertidumbre, manifiestó.
El dirigente manifestó la incertidumbre del sector acerca de la eliminación de subsidios a partir del 1.º de enero, y remarcó que abunda la falta de certeza sobre la existencia de fondos y su distribución. Comentó que sólo se sabe que el presupuesto prorrogado de 2023 contemplaría 4.500 millones de pesos.
Por otra parte, destacó las implicaciones económicas, con una caída significativa de fondos, especialmente para el Interior, y la falta de cumplimiento de los compromisos y subsidios nacionales, lo que lleva a considerar medidas drásticas.
Remarcó que Corrientes no es la excepción y subrayó sobre el impacto negativo en insumos, especialmente en el aumento del gasoil, tras la devaluación del peso anunciada por el ministro Luis Caputo.
Se vive una situación compleja en el transporte público. Asimetrías, quita de subsidios a partir del 1.º de enero, retrasos.
-Sí, eso sí, la verdad es que con respecto a esa declaración no tenemos una certeza clara de lo que va a ocurrir a partir del 1.º de enero porque todo es un poco ambiguo y contradictorio; se habla de una eliminación a partir del 1.º de enero, pero también de la posibilidad de evitar más asimetrías y de tener una inclusión equitativa de los fondos nacionales. No sabemos si realmente se va a contar o no con fondo o cómo se va a distribuir. De hecho, lo único que está claro es que al haberse prorrogado el presupuesto de 2023, el sistema contaría con 4.500 millones de pesos.
¿Esto qué implica?
-Esto implica una caída enorme, teniendo en cuenta que hoy para el Interior se disponen cerca de 11.500 millones de pesos y que, bueno, se viene con determinadas situaciones que estamos padeciendo. La caída va a ser muy grande. Hay mucha incertidumbre. Hay que tener en cuenta lo que implican los subsidios nacionales. Venimos haciendo presentaciones de acuerdo a nuestra metodología de costo en todas las jurisdicciones y pedimos que se cumplan los contratos.
El gobernador Valdés se refirió al deber de replantear el sistema, en su totalidad, ¿en qué punto están las firmas?
-La verdad es que se llegó a un punto de quiebre crítico, importante, y nos obligó en estas últimas horas a tomar esa decisión, producto de la falta de cumplimiento en los subsidios nacionales, que ya están previstos. Y el 1.º de enero si se va a determinar la eliminación o la reducción de los subsidios, no está claro. En octubre, noviembre y diciembre todavía rige una resolución, y en la continuidad administrativa, esa resolución se tiene que cumplir, que justamente es la distribución del Fondo Compensador de Transporte de noviembre, más un ajuste que está previsto para cumplir con los salarios, y más la devolución del 3 por ciento que se venía descontando al sistema desde el principio de este año. Ninguna de estas situaciones se está dando, ninguno de estos compromisos se está asumiendo y por eso está pasando lo que está pasando en el Interior.
¿Cuál es la situación en Corrientes?
-Corrientes no es la excepción, con todas las situaciones de conflicto que viene padeciendo el Interior. Hay muchas jurisdicciones que estuvieron paradas y con conflicto, justamente porque no se cumplieron con los aportes que estaban previstos para hacer frente a los salarios. Sumado a esto, el grave impacto que ha tenido en todos los insumos y particularmente en el gasoil. La devaluación que ha sido anunciada por el ministro Caputo implicó un aumento de cerca del sesenta por ciento de los combustibles, de un día para el otro. Eso teniendo en cuenta que las empresas son consumidores mayoristas y que, como tales, se encuentran penalizadas desde el punto de vista de que pagan un gasoil por litro muy superior a lo que se paga comúnmente. Hoy las empresas están pagando cerca de 1100 pesos por litro de gasoil para que los colectivos salgan al circular.
Es una brecha que pocos recuerdan.
-Sí, la brecha entre los ingresos de las empresas por tarifas normales, postevaluación, y con los valores actuales de gasoil, hace imposible prestar los servicios totalmente. Esa situación origina esta primera medida que no implica una solución al sistema, todo lo contrario, pero sí permite que por lo menos los usuarios tengan un servicio en los horarios de mayor demanda en la calle, como para poder realizar su actividad. Estamos en un marco de emergencia complicada, decretada por el propio Gobierno nacional y el transporte no es la excepción. Por lo tanto, vamos a tener de aquí al cierto tiempo que sufrir todas estas consecuencias.
Hoy a las 21:30, ¿van a quedar unidades, algunas pocas circulando?
-No, los colectivos dejan de circular, la totalidad de los servicios.
¿Esto también significaría una reducción de salarios?
-Ese es un punto que es materia de discusión. De hecho, se va a tener que discutir en los ámbitos que correspondan, en los de aplicación laboral.
Ingresó al Concejo de Corrientes una nueva tarifa de transporte. Subió el gasoil. ¿Eso significa que va a haber una nueva discusión?
-Va a originar la necesidad de redefinir las condiciones de aplicación de tarifa y las condiciones de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sistema no se puede, no puede generar por sí mismo equilibrar la ecuación económica de las empresas, habrá que re-discutir los contratos de concesión y demás. Cada jurisdicción tendrá que analizar cuáles son las condiciones que tiene para poder paliar estas diferencias enormes que van a tener.
