Corrientes, domingo 25 de febrero de 2024

Opinión Corrientes

Privatizaciones: no todo es lo mismo

05-12-2023
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La Argentina es una mezcla de socialismo sin plan y capitalismo sin mercado” -Adolfo Sturzenegger padre

  / Por Gorge Eduardo Simonetti).  Todos sabemos que hay que ajustar los gastos del estado, pero no sabemos cuánto ni qué sacrificio nos tocará a cada uno de nosotros, a más de los que ya venimos haciendo desde hace largo tiempo con una inflación que destruye bolsillos y vidas.
                   El jubilado se pregunta si lo afectará aún más en su jubilación, el empleado de una empresa estatal si perderá el empleo, los comerciantes de alimentos si tendrán clientes ante la abrupta subida de precios (¿más todavía?) por devaluación, los ciudadanos si podrán pagar la luz o el gas o el precio del transporte público ante la acomodación de los precios relativos (a la suba, lógicamente).

                   Todo en la Argentina es, hoy, incertidumbre y temor al futuro, aunque, como nunca antes, sabemos que algo hay que hacer a menos que queramos hundirnos por el peso de un estado elefantiásico.

                   Mientras suena de manera estruendosa el nuevo lema mileísta del “no hay plata”, preanuncio de un tiempo próximo de “sangre, sudor y lágrimas”, Sergio “platita” Massa ha prometido entregar a los gobernadores los fondos suficientes para el pago de sueldo y aguinaldo de fin de año.

                   Como nunca, se observa desde el ring side la pelea final entre el estado mínimo que está ingresando, que no se hace cargo de problemas ajenos (lo del aguinaldo es un problema de los gobernadores, dijo Milei) y un estado explotado que no termina de irse, entregando un dinero devaluado para pagar a los empleados públicos aguinaldo y sueldo.

                   Para que se entienda. Juegan en este proceso dos concepciones del estado altamente ideologizadas: el del “estado gendarme”, vigente en el siglo XIX, que es traído al presente por el presidente electo, mediante la cual sólo le cabe al estado la responsabilidad de garantizar la defensa del territorio y la seguridad de la vida y la propiedad, y el resto a los privados.

La privatización de una empresa pública no es buena ni mala. Puede resultar exitosa, como las telecomunicaciones en los noventa, o desastrosa como la de Aerolíneas, que fue vaciada por los privados, con sólo dos aviones de propiedad de la empresa.

                   En el otro rincón, especialmente a partir del final de la primera guerra mundial, tachando el estado liberal como insuficiente y egoísta, comienza a aparecer el estado de bienestar, distinguido por su faceta social e intervencionista, el “estado empresario”. Es lo que tenemos hoy con el kirchnerismo, recargado hasta el límite con un gasto descomunal que aplasta a la sociedad.

                   La mayoría votó por el regreso a la primera opción, la libertaria de un estado mínimo, una especie de “revival” del tiempo menemista, y un volver al siglo XIX. Achicarlo es la consigna, eliminar el déficit, disminuir el gasto social, privatizar las empresas públicas, a como dé lugar.

                   Pero, hay que decirlo, no estamos en el siglo XIX, tampoco a mediados del siglo XX. Las medidas que se propone realizar el gobierno no deben consultar a la aplicación de un dogmatismo ideológico irreductible, no nos irá bien por ese camino. La base de datos menemista nos otorga material valioso para la comparación.

                   Las principales democracias liberales del mundo han adoptado soluciones pragmáticas que hacen hincapié en diferente caminos para diferentes actividades.

                   Tanto así que el promedio de cantidad de empresas con participación pública en los estados miembros de la OCDE es de 39 por país. En Argentina ese número es de 52 con participación estatal mayoritaria, y de 100 de manera minoritaria.

                   En el mundo, el 50% de las empresas públicas concentran sus servicios en los segmentos de telecomunicaciones, electricidad, gas y transporte, el sector financiero ocupa el 24% y el de hidrocarburos el 14%.

Cada caso debe ser analizado, para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Como sea, hay que terminar con las empresas estatales como aguantaderos y cajas de la política.

                   Un estado moderno no supone la aplicación a rajacincha del lema liberal de borrar al “estado empresario”, pero tampoco a la concepción intervencionista. Gran parte de las naciones occidentales tienen un “mix” entre compañías públicas y privadas que funcionan correctamente.

                   Por poner un ejemplo, las economías desarrolladas tienen sistemas ferroviarios con mayoría de participación pública de gran categoría, como Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, entre otros.

                   La experiencia privatizadora de los noventa nos confiere algunos parámetros que sustentan la heterodoxia en las soluciones.

                   Por Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, Menem privatizó 67 empresas estatales, número que incluye las privatizadas, las concesionadas y las disueltas. Independientemente de los procesos, algunos sospechados de alta corrupción, los resultados no fueron similares.

                   Por poner dos ejemplos: la privatización de Entel, que manejaba las telecomunicaciones, permitió la modernización y el acceso de la población a servicios que, en manos del estado, eran absolutamente deficitarios cuando no inexistentes. Luego de esperar años para obtener un teléfono, la gente se encontró que podía tenerlo con la empresa en manos privadas.

                   Aerolíneas Argentinas fue un ejemplo de los pésimos resultados de su privatización. Adjudicada al grupo Iberia (luego aportaría capital American Airlines, y terminaría finalmente en manos del grupo Marsans), la empresa terminó vaciada, endeudada y con sólo dos aviones de su propiedad. Fueron tiempos que volar en Argentina se hizo muy difícil, tiempos en los que todo el sistema estuvo en manos privadas.

                   Por seguir poniendo ejemplos, existe en el ámbito nuclear argentino un estudio sobre las empresas públicas y aquellas con participación estatal, en el que se analizan cuatro experiencias que funcionan con alto grado eficiencia: INVAP, referente indiscutido del desarrollo tecnológico nuclear, satelización, radarización y medicina nuclear; Nucleoeléctrica Argentina S.A., operadora de las tres centrales nucleares; Dioxitex S.A., productora del uranio para los reactores nucleares; y Conuar S.A., emprendimiento mixto entre el Estado Nacional y Perez Companc, encargada de la fabricación final de dichos combustibles.

                   Por ello, resulta necesario no mezclar el polvo con la paja, tomando decisiones en bloque que se sustenten en preconceptos ideológicos. Es cierto, desde que asumió el gobierno de los Fernández, el déficit operativo de las empresas estatales pasó del 0,39% del PIB en 2019, al 0,76% en 2022.

                   De nuevo, surgen las comparaciones. Argentina es uno de los pocos países que tienen déficit operativo en las compañías estatales. Brasil registra un superávit del 0,7% del PIB, Chile del 1,6% y Colombia del 1,1%.

                   Es cierto, hay que destacar que el electo presidente, aunque se apoyó en la máxima liberal al hablar de privatizaciones, mencionó que no todos los casos son lo mismo, admitiendo que en algunos casos será necesario llevar adelante previamente un “managment técnico” con autoridades empresariales elegidas por concurso.

                   El déficit operativo de las empresas públicas, antes que técnico, que puede serlo en algún caso, es casi exclusivamente político. No en balde se duplicó durante el gobierno de Alberto, debido a que las mismas sirvieron de aguantadero político del kirchnerismo, y caja política a la vez, como el caso de Aerolíneas y Pami para La Cámpora.

                   La aceleración de los tiempos políticos y económicos pone presión sobre los actores, especialmente para responder a las premuras del corto plazo. Que no nos lleve puestos un torbellino sin ideas.