El expresidente de Perú Alberto Fujimori permanecerá en prisión luego de que un juez declarara este viernes (01.12.2023) improcedente una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que pedía restituirle el indulto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le revocó en 2022.
"Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus", anunció el Poder Judicial vía su cuenta en la red social X (antes Twitter).
El juez del Primer Juzgado de Ica, Vicente Fernández, dispuso devolver el fallo al TC porque no se considera competente para liberar al expresidente de 85 años, sentenciado en 2009 a 25 años de prisión. La decisión atiza la polémica latente desde el 28 de noviembre, cuando el TC dejó en manos del fuero judicial la potestad de decidir si procede a dejar libre a Fujimori, como pide un habeas corpus de marzo de 2022.
Fujimori padece diversos problemas de salud, como cáncer lingual, fibrilación auricular, dolencia pulmonar e hipertensión. Concedido en la Navidad de 2017 por razones humanitarias, el indulto fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el TC.
La Corte Interamericana pidió entonces a Perú que "se abstuviera" de liberarlo hasta revisar un recurso de familiares de víctimas de su Gobierno.
Fujimori cumple una condena por "crímenes contra la humanidad" en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes. La Justicia peruana lo sentenció por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991-1992 por un escuadrón del Ejército.
Justicia ordena inicio del juicio contra Keiko Fujimori
En tanto, el juez peruano Víctor Zúñiga emitió este viernes el auto de enjuiciamiento que marca el inicio del proceso penal por lavado de activos contra la líder opositora, hija del exgobernante y excandidata presidencial Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
El magistrado declaró la "validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida".
