En el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la Comisión Provincial por la Memoria lamenta la muerte de Patricia Carles (53), quien falleció en la Unidad Penal N° 10 (UP 10), conocida como "área de seguridad", ubicada en el predio del Hospital de Salud Mental "San Francisco de Asís".
La Comisión subrayó que el trágico suceso pone de manifiesto, una vez más, la responsabilidad del Estado en situaciones de encierro.
Patricia Carles, diagnosticada con hipertensión y esquizofrenia, fue detenida a principios de noviembre por desobediencia judicial en un caso de usurpación, delito excarcelable. A pesar de su condición, fue trasladada al área de seguridad, careciendo de atención médica adecuada. El sábado pasado, se descompensó y, ante la ausencia de médicos, fue atendida por un enfermero.
Este lamentable incidente marca el tercer caso de muerte en la misma dependencia estatal en los últimos 4 años. Marcos López, en abril de 2022, murió quemado en un incendio en su celda, mientras que en 2019, una mujer de apellido Leyes falleció por falta de atención médica en el área de seguridad. La falta de medidas básicas de seguridad y atención médica en estas situaciones deja en evidencia un patrón preocupante.
El "área de seguridad" de la Unidad Penal 10 es una instalación del Servicio Penitenciario de Corrientes que alberga a personas insanas, declaradas inimputables judicialmente, y a aquellas detenidas o condenadas que requieren tratamiento de desintoxicación por drogas, sobre el que el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, en visitas realizadas en 2022, describió condiciones desoladoras, con internas privadas de sus derechos durante largos periodos.
MUERTE POR CÁRCEL
Esta sucesión de hechos, llevó a los especialistas a acuñar un nuevo término: "muerte por cárcel".
El concepto, adoptado por la Comisión Provincial por la Memoria, destaca que las condiciones de detención pueden constituir un causante o agravante del fallecimiento de quienes están bajo custodia estatal.
El término estriba en estadísticas que indican que entre 2008 y 2018 las muertes bajo custodia del Estado representaron más de la mitad de los fallecimientos totales.
Según la comisión, el caso Carles destaca la urgencia de revisar y reformar las prácticas en las áreas de seguridad y la importancia de garantizar la salud y los derechos humanos de quienes están bajo custodia estatal.
La sociedad y las autoridades deben unirse para prevenir más tragedias y asegurar que la justicia y el respeto a los derechos humanos prevalezcan en todas las instancias del sistema de detención, subraya la entidad.
La muerte de Patricia Carles y casos anteriores reafirman la necesidad de una profunda reflexión y acciones concretas para evitar más pérdidas humanas en el contexto de la privación de libertad, sostiene.
