Corrientes, domingo 25 de febrero de 2024

Sociedad Corrientes

El presupuesto 2024 para la justicia es el 73% de lo requerido por el Superior Tribunal

24-11-2023
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Para el 2024 se agudiza la diferencia que se viene registrando los últimos años entre el presupuesto requerido por el Poder Judicial de Corrientes y lo previsto por el Ejecutivo. Los $68 mil millones que se incluyen para la justicia en el proyecto presupuestario presentado a la Legislatura representan el 73% de lo que calculó el Superior Tribunal de Justicia.

Días atrás, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes aprobó el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual del Ejercicio Financiero 2024 y sus proyecciones para los Ejercicios 2025 y 2026 del Poder Judicial. El total previsto para 2024 es de $92.631.953.599.

Pero la cifra destinada a la justicia en el proyecto de Presupuesto 2024 enviado a la Legislatura es $68.067.636.422, el 73,4% de lo calculado por la Corte Provincial.

Para el Superior Tribunal de Justicia, los fondos proyectados por el Ejecutivo son "insuficientes para cumplir con las metas y objetivos trazados".

Pero no es una novedad la diferencia entre lo requerido por la Justicia y lo proyectado por el Ejecutivo.

Para el año 2023, el Superior Tribunal de Justicia había aprobado un anteproyecto presupuestario para el año próximo por $36.977 millones, pero en la redacción del Presupuesto 2023 el Poder Ejecutivo incluyó $28.184 millones para la justicia.

De cara al año 2022, la Justicia aprobó un presupuesto necesario de $14,7 mil millones, mientras que el Poder Ejecutivo estimó los recursos en $12,7 mil millones.

Más atrás, para el año 2021 el Poder Judicial había solicitado $9.474 millones y desde el Ejecutivo se había planificado $7.209.605.885.

En ese sentido, de cara al año 2023, el Superior Tribunal de Justicia emitió una resolución en la que hizo saber al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que en la discusión y tratamiento del Presupuesto del Poder Judicial se debe garantizar su independencia y principalmente la autarquía financiera que establece la Constitución Provincial y la Ley Provincial N°4420.

"No se trata de un reclamo de mayores fondos, sino que está en juego el respeto en el manejo de su propio presupuesto" indicaron los ministros del Poder Judicial.

ARGUMENTOS

Los integrantes del Superior Tribunal argumentaron que aprobar un cálculo de gastos, sin ponderar la participación mínima del Poder Judicial en los recursos generales de la Provincia, del 6,27%, que establece la ley de autarquía financiera, con una tasa de inflación para el periodo 2024 de un 60%, sin un detenido análisis, "es dejar el Poder Judicial sin los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos".

Consideran que el mecanismo de compensación para aliviar el desfase, previsto en la Ley de Presupuesto, faculta al gobernador a distribuir los mayores recursos de coparticipación y administrar los del Poder Ejecutivo, pero no así los del Poder Judicial.

En esa línea, agregan debería también observarse en ese aspecto la manda del Art- 192 de la Constitución y Arts. 5, 6 y 11 de la Ley de Autarquía Financiera y los concordantes de la ley que regula la aplicación de excedentes por aumento de recaudación o ingresos de recursos de la provincia por efecto de la inflación.

Los ministros opinan que "si no se respetan estos parámetros, se estaría comprometiendo seriamente la independencia y autonomía del Poder Judicial, su autarquía financiera, así como la intangibilidad de los haberes de magistrados y funcionarios y el derecho de propiedad de todos los empleados del Poder Judicial que el Superior Tribunal tiene el deber de garantizar".

“Todo lo señalado, constituye una cuestión esencial y se vincula con la independencia del Poder Judicial, porque refiere a uno de los principios rectores sobre los que constitucionalmente reposa la división de poderes que sustenta el sistema republicano de nuestro país y en términos financieros la independencia del Poder Judicial, se torna efectiva, sólo cuando este Poder del Estado puede disponer plenamente de recursos presupuestarios suficientes para el ejercicio de sus facultades de gobierno del Poder Judicial Provincial”.

NECESIDAD DE INVERSIÓN

El Anteproyecto aprobado por la Justicia fue elaborado en base a pautas definidas por las metas, objetivos y planes trazados.

Así, se tiene presente entre otras pautas, el nuevo Código Procesal Penal instaurado por Ley Nº 6518, la oralidad de
los procesos penales y la reorganización del Ministerio Público Fiscal por Ley Nº 6640 y de los
juzgados de Garantías.

También los nuevos Códigos Procesal Civil Ley Nº 6556, de Familia Niñez y Adolescencia Ley Nº 6580 y la oralidad de los procesos civiles; la implementación de 3 dependencias judiciales y de 34 dependencias del Ministerio Público; y el refuerzo de personal en aquellas que presentan déficit de rendimiento a nivel de recursos humanos
y la inclusión de personas con discapacidad, la profesionalización de la gestión administrativa y
jurisdiccional como parte de un plan de acción estratégica.

Además se proyecta la continuidad en la incorporación de TICs (con innovación tecnológica) en la Gestión Jurisdiccional y Administrativa (auto-gestión) y de la eliminación del expediente-papel consolidando los Sistemas de Grabación de Audienciay de Digitalización del Archivo Central; así como un ambicioso plan de obras públicas que contempla la implementación de los nuevos Códigos.