El referente de la ONG Infancias Compartidas, Alejandro Segovia, presentó oficialmente una solicitud ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento con el propósito de iniciar el proceso de juicio político contra la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N° 6, a quien denunció por mal desempeño de sus funciones.
El referente explicó que el fundamento principal de la solicitud radica en los acontecimientos ocurridos en el mes de junio, cuando el mismo obtuvo una medida cautelar del Juzgado de N.A.F. N° 6 que le otorgó un régimen de comunicación con su hija. No obstante, en ese mismo mes, se le notificó de otra medida que le prohibía acercarse a su hija, esta última resolución fue dictada por la jueza a cargo del Juzgado de N.A.F. N° 4.
Segovia denunció que esta situación inusual se basó en tres pilares fundamentales: una falsa denuncia, un informe psicológico falso y una deficiente actividad de la Asesora de Niños, Niñas y Adolescentes N° 6, la Dra. Patricia Zamudio. En este contexto, el referente enfatizó que la mencionada funcionaria emitió un dictamen de manera rutinaria, sin siquiera entrevistar a su hija, lo cual va en contra de las obligaciones establecidas por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de protección integral de los menores. Según Segovia, la Asesora, objeto de la denuncia, emitió un dictamen sumamente breve que, a la vez, eliminó cualquier posibilidad de contacto con su hija.
En un documento elevado a la Defensora General, la Dra. Zamudio defendió el tenor de su dictamen considerando que si una psicóloga -que no es perito ni auxiliar del poder judicial, sino una profesional que cobra por su servicio a la otra parte de la contienda- firma un informe diciendo que la niña debe ser impedida de contacto con su padre, no cane otra tarea: se debe cortar el vínculo.
Segovia recordó que el mal desempeño de funciones es una de las causales contempladas en la ley de Jurado de Enjuiciamiento, que incluye: "inhabilidad prolongada, física o mental"; "incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo"; "incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo"; "demora reiterada en pronunciarse en asuntos sometidos a su decisión o dictamen, sin que el exceso de trabajo ni la falta de reclamación justifiquen la tardanza"; y "las determinadas por otras leyes".
Finalmente, el referente emitió una advertencia sobre prácticas de vulneración frecuentes en el ámbito de los foro de Familia en las que los Asesores no escuchan a los niños cuyos intereses deben proteger, lo cual viola la Ley Fundamental del Niño y puede tener consecuencias fatales, y recordó que también el caso de Lucio Dupuy, en el cual la jueza y la Asesora otorgaron la custodia a su asesina, están siendo sometidas a juicio político.
