Con el objetivo de evitar la comisión de delitos organizados desde cárceles, en la Legislatura de Corrientes se presentó un proyecto para regular el uso de telecomunicaciones en establecimientos carcelarios de la provincia. Se propone instalar inhibidores de señal y un registro de quienes utilizan los teléfonos públicos en las unidades de detención.
La propuesta fue presentada tiene como objetivos evitar que las personas alojadas en unidades penitenciarias de la provincia manejen bandas o acciones delictivas desde el interior de las cárceles, así como intentar reducir la cantidad de secuestros virtuales, los cuales muchas veces nacen de llamadas realizadas por celulares en posesión de los presos.
“La inseguridad y la actividad delictiva crece cada día más en la provincia de Corrientes y en todo el país, y la gran mayoría son delitos cometidos con complicidad de gente que está detenida dentro de las cárceles” sostiene la autora del proyecto, la diputada Lorena Lazaroff Pucciariello.
Acota que, actualmente, las diferentes modalidades delictivas son llevadas a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios.
También se han conocido muchos casos en los que jefes de bandas delictivas o narcotraficantes, siguen manejando sus operaciones desde el interior de las cárceles.
En función de las circunstancias planteadas, la legisladora señala que es necesario controlar y bloquear las señales de telefonía celular e internet desde los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de ilícitos desde los establecimientos penitenciarios, siempre sin afectar el derecho a la comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad.
Por ello, a través del presente proyecto de ley se pretende tomar dos medidas concretas y efectivas en las unidades penitenciarias de la provincia.
La primera es instalar inhibidores que bloqueen la señal de celulares en el interior de todas las cárceles.
La segunda, es que cada cárcel lleve un registro confidencial en donde se asiente quien utiliza los teléfonos públicos y cuándo, de modo que, si un juez lo pide, se pueda identificar con claridad si alguien participó de alguna acción delictiva desde la cárcel.
“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios, sin privarlos de su derecho a la comunicación” insiste la autora del proyecto.
