La diferencia entre lo que el país pretendía pagar y la cifra de 16 millones que deberá abonar por la expropiación de YPF, radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos y la fecha en que se aprobó por ley del Congreso.
“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, escribió la portavoz presidencial.
El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF de la Argentina se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados.
A partir de ese momento y, hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%. Según explicaron, se hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, situación que beneficiaba a la Argentina.
De todas modos, los litigantes querían que se le reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque de 16.000 millones de dólares, decisión que finalmente tomó la jueza.
