Organizaciones civiles y ciudadanos se manifestaron frente a foros de familia y la Cámara de Diputados reclamando terminar con la "corporación judicial" de la "falsa denuncia" y garantizar condenas para los casos de impedimento de contacto y maltrato de menores.
Frente a foros de Familia 4 y 5 y al Superior Tribunal de Justicia, los manifestantes expresaron su preocupación y malestar por la negativa a tratar casos de impedimento de contacto entre padres, madres, abuelos, abuelas, tíos y tías de hijos e hijas y reclamaron "basta de connivencia con estudios privados que lucran con la falsa denuncia".
Los manifestantes recordaron a los jueces que el fenómeno se refiere a situaciones en las que uno de los padres obstaculiza el acceso del otro progenitor al contacto con sus hijos, generando un impacto negativo en la relación familiar y en el desarrollo emocional de los menores, e insistieron: "deben ir más allá, ordenar que los menores vayan al psicólogo no basta, deben solucionar la cuestión de fondo, que es el maltrato, háganlo, ustedes deben resolverlo, es su función y competencia, actúen".
"Hija, no estoy muerto, hija, no te abandoné, te están mintiendo, yo te estoy esperando, te amo y siempre voy a estar a tu lado, acá estoy, vamos a estar juntos, siempre, estoy luchando por vos para que la justicia te oiga", señaló uno de ellos.
Los manifestantes remarcaron que la falta de intervención judicial adecuada en estos casos puede llevar a consecuencias graves, como el distanciamiento prolongado entre padres e hijos y la pérdida del vínculo afectivo.
"No oyen a los niños, ni oyen a los padres, madres y familiares cuando quieren estar juntos, los tribunales no saben qué hacer, trabajan mal, prejuiciando, prejuzgando y tratando a los menores como desequilibrados cuando expresan su vínculo afectivo , cuando en realidad deberían intervenir, y peor aún, los menores denuncian que uno de sus progenitores lo maltrata, lo aisla y lo castiga verbal, física y psicológicamente y lo amenaza con que no cuente nada, que no cuente el castigo con impedimento y demás violencias, y no hacen nada, lo mandan a terapia y no hacen nada, es indignante que haya jueces, juezas tan retrógradas y desinformadas sobre los casos que se tramitan en sus propios foros", denunciaron.
Los manifestantes remarcaron que esta situación puede afectar negativamente el bienestar emocional y psicológico de los niños y niñas involucrados, quienes pueden experimentar sentimientos de abandono, confusión y ansiedad.
"Es fundamental que los tribunales aborden estos casos con la seriedad y diligencia requeridas, asegurando la protección de los derechos del niño y promoviendo soluciones que permitan restablecer y mantener una relación saludable" , señalaban.
Los manifestantes también subrayaron que la negativa judicial a tratar estos casos puede generar desconfianza en el sistema legal y desalentar a los padres afectados a buscar ayuda y justicia. "Es importante que los jueces estén capacitados para comprender las complejidades de estas situaciones y tomar decisiones equitativas que prioricen el bienestar de los niños involucrados", remarcaron.
REPUDIO A COLEGIOS DE PROFESIONALES
Por otra parte, la manifestación dirigió un repudio a comunicados de entidades de profesionales que señalaron al reclamo como parte de un plan de acción contra derechos constitucionales.
Los manifestantes reclamaron a las entidades "objetividad" y "dejar de esconder la violencia contra los niños bajo el tapete". "Impedir es un delito, es violencia penada, basta de impunidad y argumentos pseudocientíficos, les pedimos que estén a la altura y hagan lo necesario para que los niños y niñas "rehénes" puedan ser liberados y revinculados, tienen derecho a una familia completa, no "a partes" por el imperio de uno de los progenitores", remarcaron.
En consecuencia requirieron mayor colaboración entre los profesionales del derecho, los servicios sociales y los especialistas en psicología infantil para abordar de manera integral los casos de impedimento de contacto y maltrato de niños.
"La negativa judicial a tratar estos casos es motivo de preocupación, ya que puede tener un impacto significativo en la vida de los niños y en la dinámica familiar. Es esencial que se tomen medidas para abordar este problema y garantizar el bienestar de los menores involucrados", insistieron.
