Amnistía Internacional, junto con la Organización Abogadas y Abogados del NOA -ANDHES-, presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una solicitud de llamamiento urgente, en relación con la detención del abogado defensor de derechos humanos Alberto Elías Nallar en la provincia de Jujuy.
La solicitud se envió también a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación; a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados y a la Relatoría Especial sobre la liberta de opinión y de expresión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Además, la organización lanzó una acción global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones las personas le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy.
EL PROCEDIMIENTO ANTE NACIONES UNIDAS
El procedimiento de “acción urgente” se establece para los casos en que haya denuncias suficientemente confiables de que se haya detenido a una persona de manera arbitraria.
En este sentido, cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias recibe una solicitud de llamamiento urgente, luego de analizar la información presentada, en el caso de que lo considere oportuno, envía un llamamiento urgente o carta de denuncia al gobierno del Estado interesado por la vía diplomática, solicitando que adopte las medidas para garantizar que se respete el derecho de la persona detenida a no ser privada de la libertad de manera arbitraria y a un justo proceso ante un tribunal independiente e imparcial, así como el derecho a la vida y a la integridad física y mental.
En la documentación enviada en la presentación, se expuso la situación que atraviesa la provincia de Jujuy luego de la reciente reforma constitucional sancionada en el mes de junio, y la constante criminalización de las personas que se manifiestan en contra de esta reforma.
Las organizaciones solicitaron en el llamamiento urgente a los mecanismos internacionales adopten las medidas oportunas ante el Estado argentino para lograr el respeto de
