Se trabaja sobre distintas hipótesis de móviles del hecho pero la justicia lo investiga en principio como homicidio. Trasciende que la periodista, hallada muerta en su domicilio, había recibido amenazas tras denunciar abusos policiales, por lo que la Fiscalía separó de la investigación de su caso a la Policía de Corrientes.
Su expareja fue detenida el domingo sospechado de femicidio, pero la familia vincula el crimen con las denuncias de Blanco, de 45 años.
La mujer fue encontrada ahorcada el 20 de mayo por su hermano en su vivienda de la ciudad de Curuzú Cuatiá, 600 km al norte de Buenos aires, y tras las primeras pericias se descartó la hipótesis de suicidio, según fuentes policiales. Los equipos investigadores apuntan a un femicidio y detuvieron a su expareja, otro periodista de nombre Armando Jara.
Los accesos a su casa no fueron violentados, dijo un investigador a la agencia oficial Télam y consignó además que se encontraron cabellos en las manos de la víctima "que podrían ser señales de que se defendió del ataque".
Lautaro Cesani, de 25 años, -uno de los hijos de Blanco con otra pareja- puso en duda que el hombre esté vinculado al crimen. "No creo que femicidio sea el calificativo que haya que darle a esto. (...) En mi opinión, no creo que Jara haya tenido algo que ver con esto, aunque aclaro que estamos esperando las pericias y los resultados", destacó.
Cesani contó que su madre había recibido amenazas por una nota sobre supuestos abusos en la Policía de Corrientes publicados en su portal "Griselda Blanco Noticias". Según el diario El Litoral de esa provincia, Blanco era "una periodista crítica y muy comprometida con varias causas".
En su perfil de Facebook, la periodista hacía denuncias de casos en su comunidad, como venta de drogas y abusos policiales. En su último posteo, hecho en la madrugada del 20 de mayo, Blanco acusó además al Hospital Civil de Curuzú Cuatiá de cometer mala praxis que causó la muerte de una de sus amigas. Por este caso, habría recibido amenazas.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresó en un comunicado su "profunda preocupación" por el caso y advirtió que "la compañera venía denunciando mala praxis en el hospital local y al poder político y policial".
La fiscal María José Barrero, a cargo de la investigación, apartó del caso a la Policía local y ordenó la intervención de la Policía Federal.
