“No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades, nosotros estamos para hacer cumplir la Constitución”.-Horacio Rosatti, presidente Suprema Corte
( Por Jorge Simonetti).En 1737, Federico el Grande, con todos sus galones monárquicos, no hesitó en cuadrarse ante la decisión de la justicia berlinesa, que falló en favor de un humilde molinero de Sanssouci, en un reclamo por impedir que se destruyera su molino para construir en su lugar el palacio real. Se trata de un cuento de José Esteve Pardo, “Hay jueces en Berlín”, inserto en un libro de su autoría referente al control judicial sobre el poder.
Una conquista esencial de nuestro sistema es el control de legalidad de los actos de los poderes públicos, por parte de un poder independiente, el Poder Judicial. Forma ello parte de los primeros palotes de una república.
En sendas medidas cautelares, la Corte suspendió las elecciones para gobernador y vicegobernador en las Provincias de San Juan y Tucumán, a raíz del cuestionamiento a las candidaturas a Gobernador de Sergio Uñac en la primera y a Vicegobernador de Juan Manzur en la segunda.
En contra de disposiciones expresas de la Constitución Provincial, el sanjuanino Uñac pretendía ir por un cuarto mandato consecutivo, luego de uno de vicegobernador y dos de gobernador. Lo propio sucedió con el tucumano Juan Manzur, que en su territorio se postulaba para su quinto consecutivo, como continuidad de dos como vicegobernador y dos de gobernador.
Aun cuando la medida no resuelve el fondo, los argumentos cortesanos son contundentes. Hacen referencia a “la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder” y de “desalentar ensayos cuyo único objetivo es procurarse cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas, desconociendo el texto constitucional”.
No olvida la Corte que “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito, intentaron forzar -en algunos casos hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución”.
Lo cierto y concreto es que el máximo tribunal les puso la tapa jurídica a los intentos de violar impunemente las constituciones locales con el único objeto de perpetuarse en el poder. En ambos casos, las maniobras fraudulentas habían sido convalidadas por la justicia provincial.
No es la primera vez que digo esto, tanto en esta columna como en mi libro Las zonas oscuras de la democracia (2020): las provincias son “laboratorios de autoritarismo”, donde los poderosos se perpetúan en los cargos con complicidad de los poderes locales que deberían impedirlo.
Pues entonces, “hay jueces en Berlín” como diría Esteve Pardo, es decir que hay jueces en la Argentina para ponerle límites a los desbordes del poder, en este caso, por suerte, es el máximo tribunal del país.
Formulo dos lecturas de las cautelares de la Corte. Una primera focalizada, que apunta a la restauración de la legalidad conculcada por una justicia provincial cooptada por el poderoso de turno, al permitirle nuevos mandatos en contra de la letra expresa de las respectivas constituciones. Los señores Uñac y Manzur no están, no deberían estarlo, por encima del ordenamiento jurídico, por más que en sus lugares sean “emires subnacionales”.
Una segunda, más abarcativa y sistémica, apunta a la irrenunciable responsabilidad de la Corte de preservar el orden jurídico, de ser un vallado contra los comportamientos antirrepublicanos de personajes que pretenden eternizarse en el poder aún a costa del atropello de la legalidad.
Pese a quien le pese, la Corte no hace sino cumplir con su función jurisdiccional de intérprete última de la Constitución, y así lo hace, afortunadamente.
Lo grave en una democracia sería no tanto que haya políticos que intenten avasallar las instituciones y desconocer las leyes, de hecho los hubo y muchos en nuestra historia, y los seguirá habiendo seguramente, sino que haya jueces incapaces de impedirlo y ciudadanos dispuestos a consentirlo.
Por ello, cada vez que la justicia aparece para ponerle límites al poder, un poco de aire republicano ingresa por la puerta y desplaza otro tanto de autocracia, que escapa por la ventana.
Las reacciones políticas son las que podrían esperarse, condenas por parte del peronismo y satisfacción de la oposición. Sin embargo, no deja de llamar la atención la posición presidencial que, aún por conocida y repetida, debe alentarnos a revisar la responsabilidad de titular del Poder Ejecutivo, que viola sistemáticamente la prohibición de inmiscuirse en causas judiciales, y además la calidad de sus títulos de abogado y profesor de derecho.
Desconociendo reglas básicas, Fernández insiste con su postura de adjudicar a la Corte intenciones aviesas, que intentan impedir el triunfo del peronismo en dichas provincias.
Pero Alberto, ¿por qué no observa las posiciones de los involucrados, Uñac y Manzur, que no pusieron el grito en el cielo en tácito reconocimiento de la maniobra inconstitucional?
El propio kirchnerista sanjuanino, José Luis Gioja, responsabilizó a Uñac: “Él sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas”.
Es más, los antecedentes judiciales en similares casos son contundentes. En 2013, la Corte le impidió al radical K Gerardo Zamora competir por un tercer mandato consecutivo, siendo reemplazado por su esposa. Fue en tiempos de Cristina presidenta, y en esa integración cortesana no estaban Rosatti ni Rosenkratz, ambos designados por Macri.
Hay que advertirle al presidente, para que no haga más papelones sobre el tema, que ni su amigo Gildo Insfrán, que va por su octavo mandato consecutivo, se animó a tanto. Lleva en el poder más de treinta y cinco años, dos mandatos como vicegobernador y siete como gobernador, y sigue. Pero antes tuvo la cautela de modificar la Constitución de Formosa. Obviamente ello no lo hace un demócrata, pero por lo menos respetó la legalidad formal.
Néstor Kirchner hizo otro tanto, intentó su perpetuación en Santa Cruz, pero a través del camino de la Constitución. En un primer paso, introdujo una reelección consecutiva y la consulta popular. En el segundo, valiéndose de ese instituto, volvió a modificar la carta magna santacruceña estableciendo la reelección indefinida. No tuvo oportunidad de alcanzar a Gildo porque Duhalde nos lo dejó en la Nación.
Lo único verdaderamente útil que nos deja la posición albertiana, es saber en el terreno de las realidades las motivaciones del proyecto de aumento del número de integrantes de la Corte, de cuatro a veinticinco, que mandó al Congreso a pedido de los gobernadores peronistas.
Fue para eso, para tener su propia Corte, para que sean los gobernadores peronistas los que manejen los votos en su seno, uno por provincia, y de esa manera avalar maniobras como las de Uñac y Manzur.
Esta decisión cautelar, que probablemente se confirme en el fallo definitivo, nos permite alentar el crecimiento de esa pequeña luz que vemos al final del túnel, porque “hay jueces en Berlín”, aunque Alberto no se parezca a Federico el Grande.
