Se presentó en la Legislatura de Corrientes un proyecto para adherir a la Ley Nacional Nº 26.695 en su capítulo "Educación" para garantizar el acceso a todos los niveles educativos en todas las cárceles de la provincia.
La propuesta presentada por el Bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados, que plantea la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.695 modificatoria de la ley Nº 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, CAPITULO VIII, referido a Educación.
"La política carcelaria, permanentemente está siendo revisada en razón de encontrar las mejores alternativas para que la permanencia, en ese estado del ciudadano no sea solo el de proteger al resto de la ciudadanía de personas, que por su conducta son una amenaza para el resto" se indica en los argumentos del proyecto.
Acotan que uno de los factores más analizados y que más se ha venido trabajando con estudios que sustentan las acciones posteriores, es la reinserción y en caso de reclusión permanente, es el mejoramiento de las condiciones en general y su convivencia armónica en ese contexto de encierro.
La Ley 26.695 en su Artículo 133 establec que todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias.
Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación Técnico-Profesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra norma aplicable.
Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley.
En ese sentido, en el proyecto presentado en la Legislatura de Corrientes se expone que la provincia de Corrientes debe participar de esta adecuación y fortalecimiento de políticas de mejoras, destinadas a las personas privadas de su libertad, como un cambio de paradigma en el tratamiento institucional que se viene estableciendo por experiencias positivas, no solo de nuestro país, sino también, de otros que han podido contemplar resultados satisfactorios para garantizar los derechos fundamentales, que abarcan los derechos humanos y que la educación es clave dentro de esta categoría.
Por ello, se considera que "desde la legislatura provincial debemos brindar la adecuación normativa, que sustente el diseño de estrategias de mayor y mejor educación para las personas privadas de su libertad, no como paliativos sino como garantía de derechos que deben ser respetados para lograr una política carcelaria acorde con los nuevos parámetros previstos en la materia".
Así, se plantea la adhesión en todos sus términos a la Ley Nº 26695 y se establece que las autoridades del Ministerio de Educación de Corrientes dispondrán las medidas necesarias, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, para hacer efectivos los objetivos educativos en contexto de encierro, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior.
También se propone que el Poder Ejecutivo proceda a efectuar las adecuaciones presupuestarias para que el Servicio Penitenciario pueda realizar las adaptaciones necesarias para llevar adelante los objetivos previstos en la ley Nacional Nº 26695.
