El Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua se unieron en un operativo relámpago para liberar y deportar a 222 presos políticos, entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, despojarlos de su nacionalidad, inhabilitarlos en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviarlos a Estados Unidos.
El esquema, puntillosamente organizado, implicó una decisión judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington, evidentemente tejido con alguna anticipación, para que aceptara recibir a los ahora expresos.
El esquema, puntillosamente organizado, implicó una decisión judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington, evidentemente tejido con alguna anticipación, para que aceptara recibir a los ahora expresos.
La dimensión de la operación puede medirse por el número total de presos considerados políticos: el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó en su lista del mes pasado a 245 personas, y el sitio opositor 100%Noticias de Managua refirió que quedan ahora en las cárceles del país 39 reos con esa calificación.
"Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos", declaró el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El magistrado agregó que todos fueron privados de sus derechos políticos a perpetuidad, “declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua".
Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, recibió la noticia con beneplácito y aseguró que la decisión "abre la puerta al diálogo".
