Si el maestro Couture viviera, seguro alentaría a las entidades correntinas a no permanecer calladas, a pronunciarse en defensa del estado derecho, de manera tal que, cuando el hijo de cada integrante le pidiera consejo sobre su destino, cada uno consideraría un honor proponerle que estudie Derecho en la Unne.
“Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como sustitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”. Eduardo Juan Couture, Mandamientos del Abogado.
Con motivo de mi artículo del domingo pasado por el juicio político a la Corte, un amigo abogado me preguntó si no pareciera que Corrientes está afuera de la Argentina, ante el “silencio atronador” de los organismos, asociaciones y colegios que tienen que ver con el derecho y la función judicial.
En verdad no lo había advertido, pero sí, “silenzio stampa” de las entidades correntinas que agrupan a los profesionales del derecho, ya sea desde su formación (Facultad de Derecho de la Unne), como desde su congregación por el ejercicio de la profesión (Colegios de Abogados de las distintas circunscripciones) y de la judicatura (Colegio de Magistrados y Funcionarios de la justicia provincial).
Sólo los constitucionalistas y profesores Unne, Mario Midón y Armando Aquino Britos, destacan en su soledad por haberse pronunciado claramente contra el desborde autoritario. En el Diario El Litoral del domingo pasado, el último realiza una “alerta temprana” y “exige un compromiso militante en favor de la democracia constitucional para garantizar el Estado de derecho”.
Lo único que se me ocurrió, como intento de exculpación de los colegiados correntinos, fue suponer que tal vez hayan pensado que estamos fuera de la Argentina, “Corrientes, república aparte” como reza la tradición.
Pero no, la expresión cuadra tal vez para el chamamé, para el fortalecimiento de nuestras costumbres, para el romanticismo provinciano, más no para la historia de una Provincia bravía, que se comprometió desde siempre en defensa del federalismo, que entregó la sangre de sus hijos en las causas argentinas como Malvinas, y que hizo punta en las luchas decimonónicas para constituir una nación
Corrientes es parte inescindible de la Argentina, es el centro de su coraje, la savia del estado federal, la de la fama cuchillera en defensa de las causas nobles, la de la lucha por la justicia, la del compromiso sin cálculo, es, en suma, la aliada insoslayable del bando de los justos.
A esta altura de los acontecimientos, no es necesario pertenecer a un lado político u otro para concluir, con un mínimo de objetividad, que nuestro país está atravesando una grave crisis institucional.
El blanco es el máximo organismo del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Nación y algunos gobernadores peronistas, pretenden enjuiciarlos por no estar de acuerdo con una medida cautelar en la causa de coparticipación Caba y por haber declarado la inconstitucionalidad de la ley regulatoria del Consejo de la Magistratura (¡fallo desde hace más de un año!).
Alberto Fernández no parece conocer el cuento “Hay jueces en Berlín”, de José Esteve Pardo, dónde describe magistralmente el control judicial sobre el poder político. El presidente siquiera tiene la mitad de la estatura moral que supo tener Federico el Grande, que con todos sus galones monárquicos, en 1737 no hesitó en cuadrarse ante la decisión de un juez, que falló en contra del rey y a favor de un humilde molinero.
La realidad es que esta Corte ha entregado a la república fallos memorables que fortalecieron el vallado de contención a la concentración de poder, el autoritarismo y la fractura del principio republicano de la división de poderes.
El martes 13 de octubre de 2013, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de democratización de la justicia” de Cristina, que pretendían atar la designación y remoción de los jueces al carro de la política partidaria. Un botón basta de muestra, porque los cortesanos siguieron en esa impronta, impidiendo el desguace de la república.
Y para los suspicaces, vale aclarar que no es ésta una integración designada por la oposición política, es todo lo contrario. De su composición actual, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda (exsenador justicialista) fueron designados por Néstor Kirchner; y Horacio Rosatti (actual presidente) y Carlos Rosenkrantz por Mauricio Macri.
Pero, vale la pena aclararlo, el propio Rosatti fue procurador general de la nación y ministro de justicia, seguridad y derechos humanos de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2005.
En realidad, no es una cuestión del origen político de sus designaciones, porque, una vez en funciones, los magistrados judiciales sólo responden a Dios, a sus conciencias y a la ley. Pero, para los calculistas desconfiados, podría decirse que la actual integración de la Corte tiene un 75% de kirchnerismo y un 25% de macrismo.
La reiterada jurisprudencia indica que el contenido de las sentencias no son materia de juicio político, por lo que las razones del abogado y profesor de derecho Fernández no son más jurídicas que la pretensión de someter a la Justicia al carro del poder del gobierno.
Así lo entendieron todas las entidades que agrupan a los profesionales del derecho, mereciendo pronunciamientos de repudio al pedido de juicio político.
El Colegio Público de Abogados de Caba, sostuvo que el pedido de juicio político por el poder ejecutivo, ataca la independencia judicial y no cumple con los mínimos requisitos constitucionales para darle andamiento.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional lo califica como una “crisis institucional sin precedentes… una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional, pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación habla de “un nuevo ataque a la institucionalidad de la función judicial”.
La Asociación de Derecho Procesal Constitucional advierte que la iniciativa del Poder Ejecutivo, “intenta erosionar la legitimidad de la cabeza del Poder judicial de manera peligrosa para el correcto funcionamiento del sistema democrático de gobierno, la forma federal de nuestro Estado y la vigencia plena de los derechos humanos”.
Fueron varias también las entidades ajenas al derecho que se pronunciaron en el mismo sentido. Vale destacar, entre ellas, la del Foro de Convergencia Empresarial, que interpretó la medida como “un gravísimo ataque a las instituciones de la república”.
Cada uno a su turno, de manera expresa o tácita, dejó asentado la preocupación que genera la ofensiva del Poder Ejecutivo contra la Corte, que constituye la manifestación de una clara vocación autoritaria.
Ante el silencio de los juristas correntinos, de las instituciones relacionadas con ellos, vale preguntarse si los principios que se enseñan en la Facultad de Derecho de la Unne, los valores que se defienden en los Colegios de abogados de Corrientes, la judicatura que representa el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la justicia provincial, son distintos a los del resto del país.
Termino parafraseando al maestro Couture: defiende como Abogado correntino, los principios alienables del estado de derecho, de manera tal que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que estudie Derecho en la Unne. Pero callados, no.
