El presidente Alberto Fernández adelantó que instruyó al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido y subrayó también que pedirá que se inicie un sumario ante la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sobre los magistrados involucrados.
"He sido contundente. Es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido", expresó el jefe de Estado y consideró que los hechos "lastiman a la democracia" porque se trata de un acto de "promiscuidad antirrepublicana, con la que se mueven algunos empresarios, jueces y exfuncionarios" y de un "perverso juego de cohecho", al hablar en cadena nacional esta tarde.
Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Durante el fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats entre los involucrados para coordinar una versión sobre los motivos del vuelo. El origen de la filtración es atribuída a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia.
D’Alessando es uno de los funcionarios que había sido mencionado como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. El resto de los integrantes son jueces, fiscales y un empresario de uno de los multimedios más grandes del país.
“Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado que difundió esta tarde a través de cadena nacional.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, agregó.
“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo.
ANUNCIO DE FERNÁNDEZ
Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.
