(Por Francisco Tomás González Cabañas).El poder judicial de la provincia de Corrientes, mediante la Juez de Garantías María Agostina Falcione y ante la solicitud del fiscal interviniente Gustavo Robineau, ordenó un triple allanamiento (en mi domicilio particular, el domicilio de mi madre y de quién fuera mi padre, ambos diputados nacionales mandatos cumplidos por el peronismo y el estudio jurídico y centro filosófico Mará Teresa Oñate) para secuestrar cartas de Juan Domingo Perón escritas a mi padre quién me consignó en vida que las entregara a museos institucionales o centros vinculados al peronismo para de tal forma honrar su memoria.
Dado que me encuentro en un estado de indefensión absoluta, dónde se siguen violando mis elementales derechos como a la legítima defensa, no puedo aún ingresar a sacar foto del expediente para saber fehacientemente de que se me acusa, de acuerdo a declaraciones, realizadas en los allanamientos, por la secretaria del fiscal Carabia González, sería por la figura de administración fraudulenta.
En caso de que así fuese, de acuerdo al grupo de abogados penalistas que me representa, tal encuadre sería ridículo dado que no he sido ni soy funcionario público, ni tampoco administro bienes de terceros. En el ámbito civil, se encuentra abierto un proceso sucesorio en el juzgado de Machado Feris, donde se informa de las cartas de Perón, como de la situación testamentaria general, recalcando que tales misivas, a solicitud del fallecido me fueron legadas para su cesión a entidades públicas para de tal forma continuar honrando su memoria. Mi equipo de abogados civilistas, me informa que en este expediente no se requirió nada con respecto a esto ni obró contrapunto alguno. Dejan también asentado, que un anillo de oro (que secuestraron junto a las cartas de Perón) perteneciente a mi abuelo paterno al ser precisamente de este y no de mi padre, no fue consignado por esta natural y elemental razón.
La orden de registro y secuestro, además, consignaba el absurdo de encontrar billetes de cien dólares (sin siquier señalar cuál de los tres tipos de existentes) por una suma de doscientos mil, siendo que en nuestra actualidad económica y realidad histórica, en la mayoría de los hogares de clase media argentina, se puede encontrar al menos un billete de cien dólares para mitigar los efectos de la inflación. Los tres allanamientos finalizaron sin dólar alguno, secuestrando el anillo de mi abuelo paterno y las dos cartas de Perón escritas a mi padre, quién me consignó que las legara a sitios históricos, diligencia en la cuál me encontraba en pleno desarrollo ante las diversas instituciones en Buenos Aires que se encargan de tal tarea para salvaguarda de la memoria política de uno de los principales movimientos políticos cómo lo es el peronismo.
En el procedimiento, se violentó emocional y psicologicamente a mi madre de 76 años y se le privó, por minutos, la libertad a mi esposa la doctora Viviana Verón, que se encontraba en el estudio jurídico y le impidieron, durante un horroroso lapso, regresar a nuestro hogar para ir al baño (finalmente "le permitieron" ir acompañada y consumir una medicación dado la descompensación que le produjo tal violencia institucional).
Paradójicamente el fiscal interviniente, no sólo que mantiene un estrecho vínculo formal con mi contraparte en el proceso sucesorio (María Josefina González Cabañas Morales, jueza) sino que mantiene uno informal, dado que, el día del velorio de mi padre fallecido hace tres meses, la única corona de flores del ámbito judicial que acompañó el cajón, fue la de este señor (en el caso de que la figura de tal le cuadre) a diferencia de su hija incluso, que no pudo o no quiso honrarlo con tal tradicional gratificación simbólica.
Confío en que otros hombres y mujeres del poder judicial, no sean como los intervinientes, que han demostrado una animosidad manifiesta hacia mi persona y por tanto parcialidad y falta de idoneidad, más allá de que por supuesto, junto a mis abogados estamos actuando y lo seguiremos haciendo en todos y cada uno de los estamentos nacionales e internacionales, para encontrarme finalmente con mis derechos elementales (legítima defensa) y para que respondan los responsables por la violación de los derechos humanos que realizaron contra mi madre y mi esposa.
Finalmente espero del poder político, tanto del ejecutivo provincial, dependencias nacionales y del poder legislativo, con el cuál tuve y tengo vínculos relacionados a la filosofía política que es el campo en dónde me desempeño, que se pueda despejar duda alguna de que este flagrante incidente institucional, responde a unos pocos hombres y mujeres que, sí no son apartados de la función pública, llevan al mismo lodazal y estercolero a la institucionalidad toda y a la política y sus integrantes en general afectando los valores principales de lo democrático.
.
