Debido al creciente impacto negativo de la inflación en los contratos de obras públicas que asumen firmas privadas, el Ejecutivo de Corrientes derogó un decreto que establecía que el 10% de los contratos debían mantenerse inalterables durante todo el periodo contractual.
La decisión fue tomada para dejar atrás una medida tomada hace casi dos décadas.
De acuerdo a lo explicado desde el Ejecutivo provincial, por la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario Nº 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, se declaró en el año 2002 la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría, lo que fue prorrogada y modificada por sucesivas leyes.
A partir de ello, y como consecuencia de la adhesión parcial por parte de la Provincia de Corrientes, en el ámbito local se dictó el Decreto del Poder Ejecutivo N° 2.576, con fecha 26 de noviembre de 2002, con el objetivo de establecer un régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, tendiente al mantenimiento de la ecuación económico-financiera original de dichos contratos durante todo el plazo de su duración.
Así el Decreto 2.576/2002 vino a establecer en el ámbito de la provincia de Corrientes un régimen de redeterminación de Precios para los contratos de Obra Púbica en los que el Estado Provincial sea parte, aprobando la Metodología de Redeterminación de
Precios y los Mecanismos de Verificación de Precios por un Anexo integrativo de dicho Decreto.
De acuerdo al mencionado decreto, la previsión contenida en el artículo 6 indica que “del precio total del contrato, un 10% se mantendrá fijo e inamovible durante toda la vigencia del mismo, el que estará exclusivamente a costo y riesgo del contratista,
en un todo de acuerdo a las precisiones de las metodologías previstas en el decreto.
Pero desde el Ejecutivo de Corrientes señalaron que, ante la actual situación y contexto económico financiero e inflacionario en todo el país, de lo que no es ajena la Provincia de Corrientes, resulta necesario adecuar el mecanismo de redeterminación de precios establecido por el Decreto N° 2.576/02.
Específicamente se resolvió derogar su art. 6º, a efectos de permitir que los
contratos de obras públicas que celebre la Provincia, resguarden en la mayor medida de lo posible su ecuación económica financiera, sobre la base del
sacrificio compartido.
Así, la derogación del 10% será de aplicación a todos los contratos que se celebren a partir de la fecha de su publicación, por lo que toda Licitación Pública o Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa en curso de tramitación, deberá contemplar en sus respectivos Pliegos la aplicación del presente Decreto.
