La ley impera cuando los políticos y los burócratas obedecen a los jueces”.- Adam Przeworski, “Las crisis de la democracia”.
(Por Jorge Eduardo Simonetti). Escenario repetido. “Todo está como era entonces, la casa, la calle, el río”, diría Olegario Víctor Andrade. Más acá, nosotros decimos también, parafraseando al poeta, que todo sigue tal cual en este país del nunca jamás: la pobreza alrededor del 40 %, la inflación entre un 6 y 7 %, el dólar subiendo, las reservas bajando, el presidente viajando y Cristina urdiendo, una y otra vez, maniobras institucionales para no ir presa.
Nada nuevo, la anormalidad naturalizada en una sociedad casi resignada a que las instituciones sean la variable de ajuste de los problemas penales de la que ejerce el poder, el verdadero poder, que tiene nombre y apellido.
Es cierto y hay que destacarlo. Desde hace algún tiempo, la Justicia, casi siempre esquiva en tiempos de ejercicios autocráticos, viene ejerciendo su función profiláctica, impidiendo que los espermatozoides de la corrupción fertilicen los óvulos de la impunidad.
Existe en ello un principal responsable, cual es el máximo tribunal de la república, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, sin prisa pero sin pausa, viene poniendo las cosas en su lugar con fallos que le hacen honor a su carácter de poder contramayoritario.
En un sentido ultraminimalista podemos definir a la democracia como a aquel sistema en el que los que gobiernan son elegidos por el voto. Pero ello, lo sabemos todos, aunque más no sea por intuición, es absolutamente insuficiente para considerarla como tal. El voto ciudadano es un presupuesto del sistema, pero su regular funcionamiento requiere de otras condiciones básicas. Todos estos temas fueron desarrollados in extenso en mi libro “Las zonas oscuras de la democracia” (2020).
De modo general diremos que los predicados básicos de identificación de dicho sistema de gobierno, serían: elecciones competitivas, derechos liberales de asociación y de libre expresión e imperio de la ley (Estado de derecho).
Si los gobiernos nunca pierden elecciones (esto puede verse muy bien en los niveles subnacionales, las provincias), si la prensa está sesgada hacia el oficialismo, y si el Poder Judicial no es independiente, la democracia es una ilusión, una cáscara vacía, una formalidad autojustificante.
En el aspecto puntual de la vigencia del Estado de derecho como condición democrática, la división de poderes constituye su basamento esencial. En ese reparto de tareas, al Poder Judicial le corresponde velar por el imperio de la ley, poniendo los correctivos allí donde haga falta, sobre todo cuando es el poder mayoritario el que se sale de los carriles de la legalidad.
De allí es que a la Justicia se la considere el poder contramayoritario, porque se rige por la lógica opuesta a la de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los que las mayorías lo ejercen. Sus diversos estamentos (jueces, cámaras, corte) y su composición colegiada, acotan el margen de error o de sesgo personal.
Imagínense ustedes si los ganadores de las elecciones ocuparan los tres poderes (como alguna vez pretendió el kirchnerismo con “sus” leyes de democratización de la justicia), prevalecería el capricho del partido gobernante, con la secuela tremenda del totalitarismo en el gobierno.
El Consejo de la Magistratura es el órgano de designación, supervisión y remoción de los jueces nacionales y federales. Tiene una composición mixta técnica-política. La representación política se configura a través de los senadores y diputados, estableciendo la ley respectiva que se debe respetar la conformación legislativa, siendo dos consejeros para la mayoría, uno para la primera minoría y uno para la segunda minoría.
Valiéndose del manejo de la lapicera y recurriendo a un ardid numérico, desde su sillón de presidenta del Senado, Cristina ordenó la división del bloque oficialista designando como representante minoritario al integrante del Frente de Todos, Martín Doñate. De tal modo, la mayoría se quedó también con el puesto de la segunda minoría.
Los 35 senadores del Frente de Todos se convirtieron, por arte matemático, en el bloque Frente de Unidad Nacional y Popular, con 21 integrantes como mayoritario, y en el bloque Unidad Ciudadana, con 14 integrantes como segunda minoría. Fue un procedimiento por “mitosis”, que es el fenómeno de división celular.
Formulado el planteo judicial, la Corte dictó un fallo declarando la nulidad de la designación, como era obvio. Destacó el carácter ardidoso y manipulador de la jugada senatorial, que frustró el respeto a la representación minoritaria establecido en la ley.
Advirtió el máximo tribunal, que no se trata de cuestionar decisiones legislativas, sino de revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional del proceso, y sentenció, en defensa del sistema republicano, que “lo contrario, que esta Corte renuncie a esa revisión judicial, implica ubicar a otro Poder del Estado por encima de la Constitución y de las leyes”.
Debiendo cumplir la sentencia y designar a Luis Juez como representante de la minoría, la mayoría oficialista del senado optó por desobedecer el mandato judicial y designó nuevamente al frentetodista Doñate en el cargo de Consejero de la Magistratura, es decir, ni más ni menos una actitud de rebelión y reincidencia al ratificar al consejero “trucho”.
La intención oficialista es dejar establecido un conflicto de poderes, que no es el caso. Seguramente, la reincidencia del consejero falso terminará nuevamente en la justicia, y el resultado será el mismo. Doñate no podrá asumir.
Los ardides institucionales de la vicepresidenta, por conocidos, no dejan de sorprender. Es cierto que la cultura del tramoyismo político no es nueva, instituciones de arcilla fresca son caldo de cultivo para toda clase de jugarretas moldeadas por los propios intereses.
Sin embargo, Cristina Kirchner, en su afanosa tarea de zafar de la responsabilidades penales y tener el manejo omnímodo del poder, ha sabido correr los límites de las leyes y reglamentos, ha establecido jurisprudencia en materia de manipulación, simulación y engaño, aunque sus jugarretas casi siempre fracasen.
No son ya las leyes de democratización de la Justicia con que pretendía que los jueces sean electos a través de los partidos políticos, para de un plumazo destruir la república. Hoy son otros los mecanismos, menos sofisticados, más burdos, como el “lawfare”, el operativo “puf”, la jubilación masiva de jueces, la modificación del número de miembros de la Corte, el manejo político del Consejo de la Magistratura, la designación ilegal de representantes oficialistas ante ese organismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Seguramente, en los días que siguen nos sorprenderá con nuevos y creativos mecanismos de fraude de la ley y de las instituciones. Pero ya se esperan, se crean los anticuerpos, y el tiempo se acaba. 2023 no está tan lejos, para su desgracia.
