El Ministerio de Justicia reveló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Argentina “violó derechos y no fue capaz de averiguar la verdad” sobre el atentado a la AMIA.
Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, fue la encargada del organismo estatal en admitir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado tuvo responsabilidad por violaciones al “derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las vícitimas del atentado a la AMIA.
Argentina deberá pagar indemnizaciones que rozan los US$700.000.
“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, explicó D’Alessandro ante la Corte Interamericana.
En ese sentido, agregó que el Estado ha cometido “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, en el momento que se decidió pagar 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín con el fin de acusar fraudulentamente a un grupo de policías por el atentado en 1994.
