El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó un programa para fortalecer a los juzgados federales de las jurisdicciones de Posadas, Salta, Corrientes y Resistencia por su ubicación de frontera. Se busca soluciona El plan brinda respuesta a problemáticas en materia de infraestructura, personal y tecnología.
Tras un informe sobre la situación de los juzgados de frontera, la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura aprobó un plan para dotar de herramientas tecnológicas, mejorar su conectividad, fortalecer el esquema de recursos humanos e instalar salas multimedia en los mencionados juzgados.
El plan, impulsado originalmente por los consejeros Agustina Díaz Cordero y Diego Marías, busca proveer a los juzgados con competencia en esas zonas de frontera de herramientas tecnológicas, mejorar su conectividad, fortalecer el esquema de recursos humanos, instalar salas multimedia, conformar espacios laborales para la debida guarda de los objetos que se secuestran, entre otros.
Se originó a partir de una serie de visitas y relevamientos de los distintos juzgados federales -donde tramitan la mayor parte de las causas por narcotráfico-, para interiorizarse de la “seria problemática que atraviesan”.
“Es preciso mejorar sus capacidades de lucha contra el crimen organizado como delitos de altísima complejidad con la indudable incidencia social que afectan de modo directo el interés nacional en su conjunto”, señala el proyecto.
Y continuó: “Este sector del país requiere una atención especialísima que importe una rápida y eficaz investigación. Sin lugar a dudas redundará en los habitantes del suelo argentino una administración de justicia acorde a las problemáticas que transitan. El crimen organizado, con participación de bandas internacionales, es una realidad. Su avance económico y logístico resulta palpable en la actualidad”.
Los consejeros analizaron la situación de cada dependencia y expusieron su preocupación por la falta de herramientas tecnológicas y la necesidad de renovar los recursos como, por ejemplo, las computadoras, impresoras, dispositivos de almacenamiento, cámaras y micrófonos.
“A la fecha son obsoletas para afrontar debidamente la tarea jurisdiccional”, detallaron.
El estado de los edificios es otro de los puntos más conflictivos. En las dependencias “falta de espacio suficiente en espacios de trabajo, necesidad de sumar aires acondicionados en sectores donde son sumamente acordes a los climas de frontera o calefacción al mismo efecto, se observan filtraciones, goteras y mantenimiento deficiente”.
“La falta de espacio para letrados y testigos (incluso imputados) y la existencia de salas sin conectividad necesaria ni cámaras web y falta de mobiliario, entre otros”, advirtieron.
Pocos o ninguno de los Tribunales cuenta con alcaldías para alojar transitoriamente a los detenidos dentro del edificio, lo que deriva en que el personal de las fuerzas de seguridad debe custodiarlos dentro de los vehículos oficiales o "en zonas públicas y en veredas las esperas al ser convocados a los juzgados”, según se desprende del informe.
