Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) analizó la eficacia básica general y político-criminal de los ministerios públicos fiscales de todo el país. Corrientes encabeza el ranking de eficacia general pero se ubica en el puesto 14° en eficacia político criminal, indicador que toma en cuenta el grado de causas penales cuyas resolución incida sobre la criminalidad de la jurisdicción.
El INECIP presentó este miércoles el informe de avance de su investigación “La eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) en Argentina”, una evaluación preliminar y general del desempeño de esos organismos durante el 2019.
El informe se basa en dos rankings, que permiten posicionar el desempeño de cada jurisdicción.
Por un lado el “ranking de eficacia básica general”, que mide la capacidad de las fiscalías de dar
una salida que ofrezca alguna respuesta, aunque sea básica, al conflicto que dio
origen a cada causa penal.
En tanto, se incorporó además el “ranking de eficacia político criminal”, que busca mostrar la capacidad de cada Ministerio Público Fiscal para lograr que las causas penales que ingresan a las fiscalías reciban una respuesta que incida sobre la criminalidad de su jurisdicción.
Según el informe, Corrientes se ubica primera en ranking de eficacia general 15,12% de causas con respuestas adecuadas al conflicto que originó la causa.
En este ranking Formosa se ubica segunda con 12,64%, luego sigue Chubut con 12,42% y en cuarto lugar Entre Ríos con 11,93%.
En el caso de las otras provincias del NEA, Misiones se ubica 9° en el ranking de eficacia general con 5,98% de causas resueltas de manera óptima y Chaco en el lugar 14° con 4,76%.
En tanto, en el ranking político-criminal, Corrientes ocupa el puesto 14° con 2,29% de causas cuya respuesta incide en la criminalidad de la jurisdicción.
Misiones está novena en este ranking con 3,38%, Formosa 10° con 3,25% y Chaco se ubica en el puesto 12° con 2,76% de causas resueltas de manera eficiente.
Este ranking lo lidera Entre Ríos con 9,17% de causas con incidencia en la política crminal.
DETALLES DEL INFORME
Estos rankings, junto a otros análisis que se realizan en la investigación, buscan llamar la atención sobre la necesidad de que las fiscalías del país comiencen a evaluar su desempeño, como requisito para poder mejorarlo.
La modificación de sus formas de trabajo actuales es un paso fundamental para lograr mejores resultados en las importantes funciones que deben cumplir: gestionar los intereses de las víctimas y contribuir al control de criminalidad.
Para la elaboración de las tasas, se ha confrontado la cantidad de causas ingresadas al sistema de justicia penal en el plazo de un año, con la cantidad de salidas durante ese mismo año. El año utilizado ha sido el 2019, para evitar que el análisis se vea distorsionado por la excepcionalidad que implicó la pandemia de COVID-19.
Para esta primera etapa, se enviaron pedidos de acceso a la información pública a todos
los Ministerios Públicos Fiscales del país –federal y provinciales– y, en los casos en los
que estos organismos no contaban con información completa, a los Poderes Judiciales
correspondientes.
No enviaron información las provincias de Tucumán, Santa Cruz, Catamarca, Tierra del Fuego y San Juan.
CONCLUSIONES
De acuerdo a las principales conclusiones, los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no cuentan con una tradición institucional que les permita reconocer la importancia de evaluar la eficacia de su trabajo, herramienta fundamental para cumplir con sus importantes funciones sociales.
Eso se evidencia, por un lado, por la ausencia absoluta de planes de persecución que establezcan objetivos cuanti-ficables y evaluables. Y, por el otro, por la baja calidad de la información disponible, y sus aún más bajos niveles de publicidad.
Según el INECIP, ambos aspectos recién han empezado a ser identificados por algunos Ministerios Públicos en los últimos años. Pero esos esfuerzos aún no son suficientes para realizar una evaluación básica sobre su desempeño en forma periódica, y lograr que esa información se torne en un insumo útil para rediseñar sus políticas de persecución penal.
En forma sintética, se indica que los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas.
Esas funciones son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, por el otro, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.
Esa ineficacia implica que las fiscalías no estén gestionando adecuadamente los intereses de las víctimas ni logrando incidir sobre el control de la criminalidad. El riesgo de esta ineficacia es el aumento de los niveles de violencia social.
También es imprescindible una planificación estratégica, que requiere la fijación de objetivos. Sólo así los Ministerios Públicos podrán orientar su actuación de un modo que les permita cumplir con sus funciones elementales.
“Este trabajo ofrece un primer paso para que los Ministerios Públicos fiscales encaren la compleja pero fundamental tarea de evaluar su desempeño y orientar su funcionamiento a la pacificación de la sociedad” destaca INECIP.
Agregaron, con insistencia, que se trata sólo de un punto de partida para la elaboración de una matriz de evaluación de eficacia, dentro de una más general de desempeño, mucho más compleja y precisa. Pero ello no es posible sin despertar la colaboración de las propias instituciones fiscales y el interés por parte de sus directivos y secciones especializadas de la organización sobre la utilidad de esa medición.
“Nos interesa comenzar un proceso de diálogo en el que los Ministerios Públicos se tomen mucho más en serio la medición de la eficacia. La tarea comparativa es solo una herramienta para mejorar colectivamente ese trabajo y compartir experiencias” se expone.
