El gobernador Gustavo Valdés desmintió hoy categóricamente la versión de una posible demolición de el antiguo edificio que contenía el Penal N° 1 de la Ciudad de Corrientes.
"Desmiento totalmente la noticia de que el @CorrientesGob demolerá el antiguo edificio de la Unidad Penal N°1. Es más: contamos con diversas propuestas para refuncionalizarlo como espacio público, preservando su valor patrimonial e histórico, que se darán a conocer oportunamente", tuiteó el gobernador.
El gobernador recordó la decisión de la provincia de conservar el antiguo edificio del Penal N° 1 luego de que se informará de un amparo ingresado al foro judicial penal local en el marco de una causa por posibles delitos de lesa humanidad dentro de las instalaciones.
El amparo según se informó señala la necesidad de conservar los espacios interiores del antiguo penal para esclarecer la participación de funcionarios policiales y penitenciarios en el homicidio del joven detenido "Kevin" Candia, a la luz de un procesamiento abierto y en curso para tal fin.
Según se ha informado a través de distintos medios de comunicación esta acción judicial fue motorizada por temor a que las estructuras dentro de las cuales el operativo irregular policial, que concluyó en el crimen del joven Candia, sean afectadas de modo determinante para esclarecer los hechos a los que se aboca la causa.
El 21 de abril de 2020 efectivos del servicio penitenciario de la Unidad 1 de Corrientes mataron a José María Kevin Candia. Aquel día los presos reclamaban por mejores condiciones de higiene para combatir la pandemia de coronavirus.
Los guardiacárceles quisieron encubrir el crimen y aseguraron que hubo un enfrentamiento entre internos pero las cámaras de seguridad y las pericias demostraron que el disparo salió de un arma oficial.
Kevin tenía 24 años, era ladrillero desde los 14 y vivía en un barrio humilde de las afueras de Corrientes capital. En 2017 fue acusado del robo de un celular a una vecina. Erika, su mamá, pagó en cuotas los 6 mil pesos que determinó la Justicia que debía cobrar la damnificada y Kevin –después de que le revocaran la probation en 2018- fue condenado a 6 años de prisión efectiva.
