Se presentó en la Legislatura de Corrientes un proyecto para impedir la postulación para cargos electivos o designación en cargos ejecutivos de personas con antecedentes penales.
El proyecto reedita una iniciativa de igual tenor presentada en agosto de 2020, pero que no logró tratamiento en el legislativo.
“Es la respuesta a una demanda concreta de la sociedad civil que debe ser analizada y debatida” destacan los autores del proyecto, Eduardo Hardoy y Ana María Pereyra Cebreiro, diputados del bloque Partido Liberal.
Específicamente, plantean la denominada “Ficha Limpia” para todos los ciudadanos que aspiren a candidaturas electorales como asimismo para los que sean considerados para ocupar la función pública cuya designación sea facultad del Poder Ejecutivo.
Así, de aprobarse la ley, no podrán postularse como candidatos, ni podrán ser designados por el Poder Ejecutivo como funcionarios públicos, todas aquellas personas que tengan condenas por delitos contra la administración pública, en cualquiera de sus ámbitos, sea nacional, provincial o municipal, de corrupción, delitos contra la integridad sexual, supresión o alteración de la identidad de las personas y delitos contra la libertad.
La Ley “Ficha Limpia” impedirá la postulación a un cargo electivo u ocupar cargos públicos a quienes se hallen condenados por los delitos enumerados en el presente proyecto. Asimismo establece que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido por la presente normativa.
En detalle, la propuesta propone incorporar el inciso d) al artículo 40 de la Ley Nº 3767 (Orgánica de Partidos Políticos), estableciendo que “no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos (…), las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso.
Se incluyen delitos contra la Administración Pública como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.
También delitos contra el orden económico y financiero contra las personas, delitos contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y los delitos contra la libertad.
De acuerdo al proyecto, los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento de tales disposiciones, deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales.
