Militares y policías controlan un paradero de transporte público el martes 5 de abril de 2022 en las calles de Lima. La provincia de Lima amaneció entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional.
A través de un mensaje a la nación alrededor de la medianoche del 5 de abril, el presidente peruano Pedro Castillo anunció una inmovilización social obligatoria, así como la declaratoria de emergencia en Lima y Callao. La medida se dio tras haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros para responder al paro de transportistas que ya completa una semana. Lluvia de críticas en el mundo político tras la adopción de la orden presidencial
"El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales", anunció el mandatario en su alocución cerca de la medianoche.
El mandatario justificó esta medida en los hechos de "violencia" que algunos “grupos han querido crear”, refiriéndose a los bloqueos de carreteras que no han permitido el libre tránsito hacia la capital, Lima, y hacia la provincia del Callao.
Igualmente, el Gobierno también decretó el estado de emergencia en Lima y Callao.
Esta medida suspende “los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito”, explicó la Administración de Castillo.
El alza de precios desencadenó el paro de transportistas
La implementación del toque de queda por parte del Gobierno responde a las protestas de los transportistas, quienes bloquearon importantes vías del país, esto como parte de un paro motivado por el alza de los precios a nivel nacional.
A estas manifestaciones se sumaron otros gremios de trabajadores. La confrontación ya ha dejado cuatro fallecidos por circunstancias derivadas de los bloqueos. Además, alrededor de 20 personas han sido detenidas por los disturbios originados en diferentes regiones del país.
En la región de Ica, las manifestaciones originaron la quema de cinco puestos de peaje el lunes último, mientras que en la ciudad de Trujillo se registraron saqueos en supermercados y almacenes. Estos hechos secundaron los desmanes que ocurrieron en la ciudad de Huancayo, el pasado fin de semana.
Lluvia de críticas por la medida de inmovilización social
Frente a la inesperada disposición, las reacciones en el ámbito político no se hicieron esperar. Desde el Congreso peruano, su presidenta, María del Carmen Alva, criticó que el jefe de Estado haya decretado esta medida cerca de la medianoche. También recordó que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el presidente no tiene la facultad de impedir el funcionamiento del Parlamento; por lo que anunció que el Legislativo seguirá normalmente con su agenda programada para el 5 de abril.
Por su parte, la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, indicó que “encerrar a los peruanos no es la solución” y resaltó que la protesta es “un derecho constitucional”, por lo que reprimirla constituye “una dictadura”.
En tanto, desde la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos fundamentales y supervisar la buena administración pública, calificaron de “inconstitucional” la disposición establecida.
A través de un comunicado, esta entidad señaló que “la medida adoptada por el Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrados en Lima y Callao”.
La Defensoría del Pueblo recordó que el Tribunal Constitucional, en varias oportunidades, ha indicado que los estados de emergencia, así como las medidas derivadas de ella deben responder inexcusablemente a los criterios de proporcionalidad y necesidad.
Parlamentarios se pronuncian
Una de las primeras congresistas en manifestarse fue la parlamentaria del partido Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, quien cuestionó el anunció presidencial y pidió “soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”. Bazan puso en duda si decretar una norma para “reprimir y suspender los derechos ciudadanos” ayudaría a resolver el conflicto con los transportistas.
Desde otra orilla política, la congresista Susel Paredes indicó que el presidente Castillo, al decretar la inmovilización social obligatoria en la forma que lo hizo, deja la puerta abierta para una acusación constitucional.
