Organizaciones de todo el país solicitan la liberación inmediata de Guillermo Galantini, dirigente político y social detenido el pasado 23 de noviembre tras un desalojo violento en Paso Vallejos, Monte Caseros, junto a su hijo Galileo, una persona mayor de 70 años y Jorge Espindola.
"La detención, seguida de golpes y torturas en la Comisaría de Monte Caseros, contra él y contra la familia despojada de la tierra en que vivieron durante 50 años, constituye una grave violación del legítimo derecho a reclamo, además de una clara persecución a un reconocido luchador comprometido con las causas populares y los derechos humanos", denuncian más de trenta organizaciones políticas y sociales pronunciadas a través de una carta conjunta.
"Hoy, Guillermo está preso bajo la absurda definición judicial de que, al ser luchador social y defensor de los Derechos Humanos, su libertad puede entorpecer la causa con el argumento del uso de las redes sociales o podría profugarse, algo que el compañero nunca hizo con otras causas que esta justicia venal, funcional al poder político del Gobierno de Corrientes le abrió en años anteriores", expresan.
"Guillermo continúa padeciendo las dificultades que tiene la familia para verlo y las demoras que hay ante la solicitud de un control médico para saber el estado real de su salud.
Mientras tanto, la familia Almeyda quedó en la calle, para beneficio de los apropiadores de la tierra donde trabajaron y vivieron durante décadas", denuncian.
"Ante estos hechos decimos que la criminalización a la protesta social y la violencia policial en los desalojos es en parte producto de los discursos punitivitas y de odio que expresan distintos sectores de derecha", advierten.
"Con la detención de Galantini se intenta disciplinar a quienes luchan contra las políticas de ajuste, de concentración de las tierras y de extractivismo", expresan.
"La justicia Correntina es la misma justicia que pretende aleccionar a las luchas sociales, y condena a compañeros como César Arakaki y Sebastián Romero que pelearon contra la reforma jubilatoria", afirman.
"La lucha por la tierra, la vivienda, y contra los abusos y la violencia policial e institucional, está a la orden del día, porque gobiernos como los de Valdés y Olivieri están ensañados con las y los trabajadores, quienes cada día sufren la pobreza y los atropellos de las clases propietarias", señalan.
"Recordemos también que el atropello a los derechos humanos por parte de la policía correntina, tuvo un hecho reciente que conmociono a la provincia. El asesinato del joven Lautaro Rosé por el cual seguimos pidiendo Justicia", indican las organizaciones.
"En la asamblea, luego de la información brindada por compañerxs de CODEJU, familia de Guillermo y de las demás víctimas del violento desalojo, que quedaron en la calle, se acuerda organizar una fuerte campaña provincial, nacional e internacional reclamando la urgente libertad de Guillermo Galantini ya que no hay ningún motivo real para que siga detenido, como no sea la represalia del gobernador Valdés, sus jueces, fiscales y policías. Por eso decimos que es un PRESO POLÍTICO", subrayan.
"Se resolvieron una serie de iniciativas y acciones para hacer público, en Corrientes y en todo el país, esta gravísima violación de los derechos de la clase trabajadora y el pueblo pobre, empezando por el único y verdadero derecho a reclamar, a organizarnos para defender nuestros intereses como trabajadoras y trabajadores", expresan.
"Llamamos a todas las organizaciones Sociales, políticas y de DDHH a sumarse a estos reclamos y a las acciones de lucha, movilización y difusión en los medios y las redes sociales, hasta que el compañero sea liberado. No hay ninguna razón para que Guillermo esté detenido", convocan.
"Exigimos la inmediata libertad del compañero y soluciones para las familias que quedaron en la calle", concluyen.
