El Instituto Nacional de la Yerba Mate afirmó este lunes que defenderá la controvertida medida que limita nuevas plantaciones de yerba mate, y que fue dejada sin efecto por el Juzgado Federal de Paso de los Libres tras planteo de una empresa yerbatera.
Se trata de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21” del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que estableció un tope de cinco hectáreas para todos los productores que quieran incorporar nuevas plantaciones a partir del próximo año y autoriza implantar hasta el 2% de la superficie de yerba mate declarada ante el INYM y reponer plantas secas.
Dicha medida fue recientemente suspendida en su aplicación por parte del titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, de Corrientes, Gustavo del Corazón Fresneda, a instancias de la yerbatera misionera La Cachuera, una de las empresas que tenía en marcha un plan de expansión de su producción.
Ahora, este lunes, el INYM salió a ratificar la aplicación de los límites a nuevas plantaciones, a través de una conferencia de prensa del presidente del instituto yerbatero, Juan José Szychowski, junto al vicepresidente del INYM, Ricardo Maciel; al síndico Emilio Jouliá y a la apoderada Graciela Canteli.
“Vamos a defender la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21, y de ser necesario llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Ley, la moral y nuestras convicciones de proteger a los miles de pequeños productores y trabajadores, son nuestras banderas”, dijo Szychowski, según un comunicado del INYM.
Al mismo tiempo informó sobre la decisión de evaluar el accionar de la empresa La Cachuera, entendiendo que si incurre en el incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia, de ser necesario, se formalizará una denuncia ante El Tribunal de Defensa de la Competencia.
En ese marco, Szychowski consideró que “la resolución judicial tomada en Paso de los Libres, muy lejos de los miles de trabajadores y de las plantaciones de yerba mate, afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución 170 no puede implementarse, vamos camino a un sobre oferta de hoja verde, vamos camino a la caída de precios, a una crisis en el sector yerbatero y cuando eso ocurre, hay crisis en la sociedad porque es la yerba la que mueve la economía en cada una de las localidades, en la región”.
MODELO INCLUSIVO
Maciel consideró que “en el escenario hay la modelos en pugna: el que defiende el INYM, que busca el desarrollo económico con inclusión social, permitiendo que cada productor plante 5 hectáreas de yerba mate y haya trabajo para todos, evitando la concentración de los grandes grupos económicos, y otro que busca maximizar las ganancias fomentando la concentración económica en manos de unos pocos, que es el caso de la empresa que nos ocupa, que al hacer el planteo judicial busca profundizar una absoluta integración vertical”.
“Con tranquilidad y firmeza vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la Resolución 170 se implemente”, enfatizó. “Queremos evitar la hiper concentración de la actividad. No estamos en contra de, estamos a favor de un modelo con yerba suficiente para ofrecer al país y al mundo, pero con agricultores cultivándola, y queremos evitar las crisis que ya tuvimos, como la del 2000, 2001 y 2002 cuando los productores tuvieron que salir a las rutas, con el tractorazo, agobiados por la situación económica”, expresó.
Con la Resolución 170, “queremos una producción distribuida en pequeñas unidades, que los agricultores se dediquen a producir la materia prima, y que las industrias inviertan ese dinero en ampliar y lograr nuevos mercados”, continuó Maciel. “En la zona productora tenemos industrias que tienen otro comportamiento social y a la par, tenemos estos actores que nos están presionando constantemente y que buscan aliados judiciales que están a favor del capital”, agregó.
ASPECTOS LEGALES
Por su parte, el síndico Jouliá fue enfático al asegurar que con la medida dispuesta por el juez de Paso de los Libres “está en juego la institucionalidad del INYM”, e informó que la ley 25.564 de creación del Instituto, “ordena, obliga a intervenir cuando hay un exceso en oferta y demanda; no es un opción, el Instituto está obligado a intervenir y a dictar medidas que ordenen el crecimiento regulado de producción y de toda la cadena yerbatera”.
También manifestó que “acá hay casi un conflicto de poderes porque resulta que se está cuestionando desde el Poder Judicial de una provincia que no es el juez natural de esta empresa, ni del Instituto”, y resaltó que “tenemos una Constitución Nacional que está por arriba de todo: el artículo 75, incisos 17 y 19, ha puesto la cláusula de progreso social y este progreso social indica que no hay posibilidad de crecer mientras no hay inclusión social, mientras no se piense en la cultura y el trabajo agrario desde ese punto de vista”.
Sobre la Ley de Competencia, Jouliá explicó que “esa norma castiga y pena el abuso de posición dominante”, y específicamente sobre La Cachuera, la segunda empresa más importante del sector y exportadora de yerba mate, contó que “plantea que en 2, 3 o 4 años, quiere plantar 1.000 hectáreas de yerba; esa cantidad, dividido 5, que es la cantidad de hectáreas que establece la Resolución 170 por productor, deja afuera automáticamente a 200 productores, o sea la empresa le resta 5 hectáreas de yerba mate a 200 familias”. Entonces, prosiguió, “hay una clara intención de abusar de ese poder dominante”.
La Resolución 170 del INYM “está ratificada por la Resolución 152/21 del Ministerio del Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; entonces acá se está juzgando y se está demandado el Poder Ejecutivo nacional”, concluyó.
