El ministro de Justicia Buenaventura Duarte ha participado este lunes del acto de implementación del nuevo Código procesal Civil y Comercial junto a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Provincia
Consideró que los nuevos Códigos Procesales que tiene la provincia modernizan la administración de justicia y facilitan la resolución de los conflictos que tienen los ciudadanos, en plazos razonables.
El ministro de Justicia ha participado este lunes del acto de implementaci´pon del nuevo Código procesal Civil y Comecial junto a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Provincia.
“Corrientes tiene un Código Procesal Civil y Comercial de vanguardia, cumpliendo con la Modernización y actualización de los modernos códigos. Además, se incorporan institutos que darán al ciudadano respuestas en tiempo razonable", afirmó Duarte
Duarte destacó “las innovaciones” que, en materia de procedimiento, introduce la Ley provincial Número 6556 a la forma de administrar justicia en materia Civil y Comercial como “la inmediación, la oralidad y la determinación de un plazo razonable para dictar sentencia cumplen con los preceptos constitucionales”.
“Para la provincia contar con un Código Procesal de estas características representa un avance significativo a la hora de solucionar los diferentes conflictos que se plantean en el seno de la sociedad”, afirmó Buenaventura Duarte.
El Superior Tribunal de Justicia llevó realizó el acto de implementación del nuevo Código que regirá en toda la provincia desde el 1° de diciembre próximo.
Se resaltó el profundo cambio que la norma implica para la sociedad ya que se establece un vínculo directo entre el juez y el justiciable en las audiencias orales; se protegen los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad, se digitalizan las presentaciones y se apela al lenguaje claro.
La norma, que contiene 750 artículos, constituye un cambio profundo que revitaliza el proceso civil y comercial y normativiza sus principios. Su objetivo es alcanzar la efectividad de los derechos sustanciales, observando el bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.
Es calificada de trascendental ya que pone el foco en el protagonismo de los sujetos que demandan el servicio de justicia; la protección de los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales; la continuidad de las audiencias orales; el contacto entre el juez y las personas; los procesos judiciales sujetos a plazos razonables; y el uso obligatorio del lenguaje claro y sencillo.
La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) doctora María del Carmen Battaini expresó sus felicitaciones por la ley y auguró que “debía recibir todo el empuje para que diera los frutos que se merecía” y en especial, valoró la protección de las personas en estado de vulnerabilidad que se plasmó en la normativa.
El ministro Fernando Augusto Niz, uno de los supervisores designados por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación, calificó de “logro histórico” este instrumento que es garante del ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Subrayó la extraordinaria la labor de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial que de manera democrática participaron de capacitaciones previas y ofrecieron soluciones a situaciones que se presentan a diario, además de demostrar su vocación de servicio, y su convicción en el valor justicia.
Guillermo Horacio Semhan, también supervisor designado por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación de la norma, afirmó: “No se trata de un retoque, es un cambio profundo que revitaliza el proceso” y permite un “gran avance en la calidad de los procesos”.
Destacó la libre adaptabilidad de las formas y la normativización del proceso por audiencias; y enfatizó que la Ley N° 6556 apostaba al bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y los tiempos razonables.
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, auguró éxitos a los operadores judiciales que lo pondrán en práctica a partir de este miércoles, porque, dijo, es una modernización “histórica que nos hará sentir orgullosos a todos”.
Puso de manifiesto que en estos dos años, más allá de la pandemia, el servicio de justicia “progresó y se modernizó de acuerdo a las exigencias”. “¿Las exigencias de quién”?, se preguntó: “Las del ciudadano común, centro de todas nuestras políticas”, dijo el Fiscal General.
Al cierre del acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, remarcó la idea originaria de la Corte Provincial de actualización y readecuación de todas las normas procesales.
“Me consta y se del trabajo denodado de los operadores del Poder Judicial, labor que luego se fue convirtiendo en anteproyectos, que ampliaron la mirada con Comisiones de Trabajo y pulieron la letra de lo que fue enviado al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.
