Un proyecto legislativo busca establecer en Corrientes un mecanismo de “suministro domiciliario básico” de energía por el cual se evite la "pobreza energética", que ocurre cuando los usuarios son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos -más de 10%, a pagar las facturas energéticas de sus viviendas.
Se trata de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de Corrientes, en el que se indica que las políticas de subsidios o tarifas sociales son necesarias en el caso de la energía pero no suficientes, por lo que existen muchas otras estrategias que deben desplegarse simultáneamente.
Entre ellas, aluden al concepto de "pobreza energética", un concepto que busca garantizar la provisión del servicio a sectores de menores ingresos.
Explican que el Gobierno Nacional y algunas Provincias ya incorporaron el concepto de “pobreza energética” -utilizado desde hace varios años por los países de la Unión Europea- como un elemento adicional para evaluar el impacto social de las políticas sectoriales.
Pero en Corrientes no existen indicadores que permitan tener datos actuales y criterios básicos para mitigar la pobreza energética.
En ese sentido, el proyecto legislativo propone que el Estado Provincial garantice a los usuarios en condiciones de pobreza energética, un “suministro domiciliario básico” de energía, entendiendo por tal la cantidad mínima de kilowatts/hora (KWh), necesarios para abastecer adecuadamente a una vivienda de dimensiones y densidad habitacional promedio.
Se define como pobreza energética la situación en la que el usuario destina un porcentaje mayor al diez por ciento (10%) del total de ingresos mensuales del grupo familiar para solventar los costos tarifados mensuales del servicio de energía. Mediante la reglamentación se establecerán los requisitos y modalidades para acreditar tales extremos.
De acuerdo al proyecto de ley, la garantía estipulada en el artículo 1º, implica que el suministro domiciliario básico, no podrá ser objeto de la interrupción del servicio por ningún concepto. La reglamentación determinará la modalidad y condiciones para hacer efectiva la garantía aquí establecida.
El Poder Ejecutivo deberá disponer que, a través del Organismo competente, se desarrollen indicadores multidimensionales sobre la situación del acceso equitativo a los servicios energéticos de calidad en la Provincia de Corrientes, que permitan su posterior monitoreo y que puedan ser utilizados como base para la implementación de políticas públicas para mitigar y revertir la pobreza energética.
Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Provincia.
Los autores del proyecto, diputados del bloque del Partido Justicialista, argumentan que el análisis sobre el fenómeno de la pobreza energética se encuentra fuertemente condicionado por la escasa disponibilidad y falta de profundidad y periodicidad de los datos.
En ese sentido, los indicadores permiten parcializar el estudio de la pobreza energética según sus dimensiones e intensidad, lo que ayuda a conocer cuáles son las configuraciones de composición del problema, permitiendo definir políticas específicas a distintos grupos poblacionales.
"Sólo a partir de un diagnóstico preciso y sistemático, es posible diseñar políticas integrales que mitiguen o reviertan la pobreza energética".
En ese sentido, sostienen que mientras se puedan desarrollar esos indicadores (que en el proyecto se encargan al Poder Ejecutivo), se deben tomar medidas en forma inmediata tendientes a la protección de todos aquellos usuarios del servicio público de energía que padezcan pobreza energética, garantizando un suministro domiciliario básico sobre el cual se impida la interrupción del servicio.
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