Desde el Ministerio Público de Corrientes se expuso el desacuerdo con un proyecto legislativo de crear una "Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informáticos". Se aduce que se avasallaría la estricta competencia de la "Fiscalía General" en política criminal, y se plantea que antes que crear fiscalías se requieren más cargos de fiscales con funciones de investigación.
La Cámara de Diputados solicitó al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal la opinión respecto a un proyecto del diputado Manuel Aguirre, que crea la fiscalía de investigación de delitos complejos e informáticos.
El proyecto de ley fundamenta que con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal acusatorio, por la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y la incesante utilización de nuevos medios o instrumentos de comunicación social y de sistemas de inteligencia artificial en las conductas de interacción, "requiere la actualización de las estructuras operativas del Ministerio Público, fundamentalmente en materia de recursos tecnológicos y humanos idóneos para el abordaje, investigación y recolección de evidencias de nuevas formas de manifestación del delito.
Concretamente, el proyecto de ley contempla la creación de la Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informáticos, del Ministerio Público, que tendrá por objeto la investigación y persecución penal de delitos complejos e informáticos.
Al respecto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, manifestó su acuerdo con la creación de instituciones que mejoren la lucha contra el delito.
Sin embargo, sostiene que el delito es cambiante en sus modalidades, por lo que es la Unidad de Fiscales de Investigación la que debe estudiar la evolución y materialización del ilícito y proponer políticas activas para la implementación del mapa del delito.
En función de ello, expone que la especialización es resorte de la Unidad de Fiscales de Investigación.
Por su parte, el Ministro Fernando Niz expresó que el proyecto es, en principio, acorde a la demanda en la materia.
No obstante, indica que es necesario articular con la Fiscalía General, las Unidades Fiscales y demás áreas el Ministerio Público la implementación de estrategias eficaces para el abordaje de la ciberdelincuencia y asesorar a los fiscales.
En ese sentido, considera conveniente remitir el proyecto a los fiscales provinciales.
En tanto, el Fiscal General César Sotelo rechazó de plano el proyecto legislativo.
Señala que con el Código Procesal Penal el Ministerio Público Fiscal cuenta con un nuevo andamiaje que le permite realizar los cambios sustanciales que el nuevo proceso le exige.
Sobre el proyecto, indica que la coordinación, organización y forma de trabajo forma parte de la política criminal que imparte la Fiscalía General, como único responsable de la instrumentación.
Por otro lado, sostiene que la utilización de la expresión "delitos complejos e informáticos" es errónea porque los delitos no adquieren el carácter de complejos por estar relacionados a delitos informáticos.
Remarca también que la atribución de competencia a la Fiscalía de Investigación de Delitos Complejos e Informático resulta vaga e imprecisa y entiende que debería circunscribirse a la investigación de delitos informáticos propiamente dichas y los delitos que se cometan a través de internet, que por la complejidad de la investigación o la dificultad en individualizar a los autores, merecen un tratamiento especializado.
También cuestiona que el proyecto de ley contempla la creación de una sola Fiscalía Especializada sin especificar su competencia territorial y que constituye un error determinar la cantidad de fiscales de investigación y de personal técnico que debe conformar la Fiscalía, lo que tampoco concuerda con el diseño organizacional del Ministerio Público, cuestiones que son de estricta competencia del Fiscal General.
Afirma que el aumento de conductas penales vinculadas a las nuevas tecnologías obliga a planificar la creación de una Unidad Fiscal Especializada en delitos informáticos, pero que la división por especialidades es una cuestión de política criminal reservada al Fiscal General.
En definitiva, considera que no resulta admisible dar curso al proyecto y que corresponde invitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados a estudiar la creación de más cargos de fiscales con funciones de investigación para llevar adelante de manera más eficaz el cumplimiento del rol asignado a los mismos por la Ley 6.518.
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