Mientras esperan a que la Corte Suprema revise el fallo por el cual la Justiia de Corrientes lo ha condenado a cumplir 22 años de cárecel, familiares de Juan José Altamirano, detenido por el asesinato de Maximiliano Aquino, se manifestaron hoy frente al Ministerio de Seguridad.
"Ayer se cumplieron seis años de lo que es una condena que es verdaderamente injusta, y por la que estamos a la espera de lo que resuleva la Corte SUprema de Justicia, porque tenemos un reclamo planteado". No obstante ello, seguimos planteando lo mismo, que es una condena injusta, Josele es inocente. Nosotros hemos manifestado oportunamente quienes son las personas que habrían cometido ese hecho y, no obstante ello, y sin un elemento de prueba suficiente, se lo terminó condenando", dijo el abogado querellante en la protesta.
"Luego de seis años nos encontramos con un caso reciente, que tuvo amplia difusión y que tiene que ver con el hecho de la comisaría sexta, donde un personal policial denuncia ser atacado por dos vecinos del barrio, y que hoy están detenidos, y que nosotros denunciamos, también, como una causa armada en función de que los chicos tienen para acreditar, perfectamente, cómo sucedieron los hechos, y no convocan a los testigos que nosotros ofrecemos para acreditar esa situación", agregó.
"Por lo tanto, nosotros venimos a exigir ante la proximidad del tema electoral, yo no tengo aspiración política, no pertenezco a ningún partido, simplemente un militante de los derechos humanos, pero venimos a pedir a este lugar donde se diagraman las políticas públicas de seguridad que nos incluyan, que generen una igualdad entre toda la comunidad, y que pasemos nosotros también a ser ciudadanos, cosa que al día de la fecha no nos hacen ver que somos", sostuvo.
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CASO ALTAMIRANO
El cinco de octubre de 2017 la Justicia correntina condenó definitivamente a Juan José Altamirano a 22 años de prisión. El fallo fue firmado por los doctores Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Luis Eduardo Rey Vazquez, jueces del Superior Tribunal de Justicia. El interno esperaba lo contrario: que el fuero local diera curso a los cuestionamientos que su defensa presentó contra el procedimiento de investigación que lo llevó a la cárcel y anticipara su liberación.
El caso de Juan José Altamirano fue tomado por organizaciones sociales y de derechos humanos e incorporado a una grave lista de hechos locales por los cuales se pide investigación sobre funcionarios policiales a la luz de normas que observan y castigan con severidad la violencia institucional en las unidades policiales, judiciales y carcelarias.
Desde su detención, el interno, además, denuncia que es sometido a situaciones peligrosas: que es agredido por otros internos junto a las guardias que lo custodian o por las mismas guardias. Además de ello, sus padres han señalado públicamente en 2019 que uno de los agresores que logró atacarlo dentro del penal en el cual se encuentra recluido sabe quién mató a la víctima por la cual fue privado de su libertad, y que a esa razón se debió el ataque.
Ambas cuestiones, agresiones reiteradas y proximidad con internos con los cuales -según sus padres- existen diferencias que atraviesan el caso por el que fue sentenciado a prisión, son señales por las que además perciben que Juan José debe continuar su estadía en una carcelaria federal, mejor cuidado.
Juan José, ahora, está alojado en una unidad carcelaria local.
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CASO AQUINO
En 2017, luego de que fuera condenado, sus padres insisiteron en que el procedimiento policial por el cual su hijo fue llevado a prisión fue "irregular", con una "causa armada".
Los padres de Altamirano aseguran que ningún tribunal quiere oír su versión de los hechos, y proceder sobre una versión que revela a un sistema judicial que investiga sobre escenarios ficticios casos que ocultan sus límites frente a hechos protagonizados por “delincuentes verdaderamente peligrosos”.
Sus padres dicen que el procedimiento sobre Juan José fue "manipulado", que los verdaderos culpables sabían que él no sabría cómo defenderse de acusaciones tan graves como la imputación que lo llevó a prisión.
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La defensa de su hijo había señalado a los tribunales locales que el procedimiento policial que certificó las sospechas sobre Juan José no se llevó a cabo frente a testigos, y que no hay nombres en la documentación donde debe constar qué funcionarios manipularon las pruebas.
Pruebas como “un pantalón que no era del talle de Altamirano” con “manchas de sangre, a partir de las cuales se estableció el perfil genético” y una pena en la cual, para los abogados, “el Tribunal de juicio incurrió en subjetivismo y prejuzgamiento”.
Los padres de Altamirano aseguran que su hijo no apuñaló a Maximiliano Aquino, que jamás intentó robar sus pertenencias, y subrayan en que aún no saben por qué lo eligieron a él para que reciba el castigo que merece alguien que, según ellos, sigue libre, aún culpable de “una muerte que cayó en la impunidad”.
