En la provincia de Corrientes hay 28 espacios físicos identificados como lugares clandestinos de detención en el registro el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado. Al respecto, un proyecto legislativo plantea la adhesión de Corrientes Ley 26.691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.
La normativa nacional 26.691 declara “Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.”
El objetivo de la Ley 26.691 es garantizar la preservación de los Sitios a los fines de las investigaciones judiciales y la preservación de la memoria colectiva de lo acontecido en dicho período.
En la provincia de Corrientes, como en todo el territorio nacional, funcionaron Centros Clandestinos de Detención en establecimientos públicos y privados –comisarías, cuarteles, unidades del servicio penitenciario, escuelas y otras propiedades públicas o privadas– que fueron utilizadas por las fuerzas represivas del Estado para el alojamiento de las personas privadas de su libertad de modo ilegal por razones políticas.
Actualmente se encuentran registrados en el Registro Único de Víctimas del terrorismo de Estado (RUVTE) más de 762 Ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y otros lugares de detención ilegal.
En el caso de Corrientes son 28 los lugares identificados, entre los cuales pueden mencionarse el Regimiento de Infantería N° 9 “Coronel Pagola" en la ciudad de Corrientes; la Delegación de la Policía Federal de la ciudad de Corrientes; la Unidad de Comando Área 23 - Escuadrón 48 "Corrientes" de Gendarmería Nacional; la Jefatura de Policía en la ciudad de Corrientes; la Unidad de Comando Área 231 “Regimiento Santa Catalina" – Ejército, capital; el Regimiento de Infantería 4 "Coronel Manuel Fraga" de Monte Caseros; el Destacamento de Inteligencia 123 – Ejército de Paso de los Libres, entre otros.
Pero la provincia de Corrientes no está adherida a la ley nacional, por lo cual desde distintos sectores y organismos de Derechos Humanos se viene reclamando la sanción de una ley local en sintonía con la nacional.
En ese sentido, recientemente la diputada Alicia Meixner, presentó un proyecto de adhesión de Corrientes a la Ley N.º 26691 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.
“La señalización de los Sitios de Memoria implica una visibilización de los hechos ocurridos y genera una marca territorial de memoria, donde antes sólo había un relato oral, que fue paulatinamente transformado en un acto de resignificación estatal” señala la autora del proyecto.
Agrega las marcaciones territoriales de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, surgen como una acción necesaria "en pos de recuperar un espacio que sostuvo el horror de lo vivido, pero redefiniendo lo traumático a partir de una práctica colectiva y transformadora que instituye procesos de re subjetivación, posicionando a la víctima y a la sociedad en su conjunto en una construcción plural que reafirma sentidos y apropiación simbólica desde su acción reparadora".
