Los vecinos de los barrios Quilmes y Juan XXIII entregaron una nueva declaración esta vez a la fiscalía correccional Nº 2 en la que denuncian que pozos hechos por una arenera, propiedad de Humberto Casco, han tornado intransitable sobre la avenida Garay y su acceso al río Paraná.
Vecinos de los barrios Quilmes y Juan XXIII hemos logrado que la fiscal correccional Nº 2, María Andrea González, baje a escuchar nuestro situación y vea ella misma los pozos hechos por la arenera propiedad de Humberto Casco, lo peligroso que son para nuestros hijos e hijas y para toda persona que transite por ahí.
En la jornada del jueves, las y los vecinos del barrio Astilleros han vuelvo a visibilizar con una protesta las difíciles condiciones de habitabilidad y riesgo para la circulación que padecen desde hace años debido al avance de la arenera “Compañía Argentina de Dragados Astilleros Puertos (CADAP)” sobre la avenida Garay y acceso al río Paraná, espacio público que históricamente ha sido un lugar de paso libre para familias y pescadores.
"Queremos comunicar a la comunidad que como resultado de estas más de tres horas de corte de las avenidas Garay y Gutnisky, impidiendo el acceso y egreso de los camiones de la empresa, y gracias al acompañamiento de organizaciones de base vecinas de los barrios Quilmes y Juan XXIII hemos logrado que la fiscal correccional Nº 2, María Andrea González, baje a escuchar nuestro situación y vea ella misma los pozos hechos por la arenera propiedad de Humberto Casco, lo peligroso que son para nuestros hijos e hijas y para toda persona que transite por ahí", comunicaron los vecinos.
"También le mostramos el estado de abandono en el que se encuentra la calle Garay hacia la costa debido a años sin poda maleza, recolección de residuos y alumbrado público. Pese a coincidir con nosotras y aceptar que nuestro reclamo es justo, la funcionaria judicial aclaró que el municipio es el que debe dar la solución", agregaron.
En el mismo comunicado, los vecinos se expresan críticamente hacia las autoridades municipales y hacia las autoridades policiales por no llevar a cabo controles en la zona e impedir que la empresa se apropie de espacios públicos.
Los vecinos también denunciaron que uno de los abogados de la firma, conocido por haber litigado contra a favor de la firma Forestal Andina en otro caso de apropiación de tierras denunciado por comunidades originarias en los Esteros de Iberá, ha formado parte de la gestión municipal, y ahora también de una firma inmobiliaria que estaría vinculada al Plan Urbano Costero.
