Por su ubicación geográfica, Corrientes integra una de las regiones con más causas judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, y en ese sentido desde el Ministerio Público, con jurisdicción en Corrientes, consideran indispensable contar con instrumentos legales que posibiliten diferenciar las responsabilidades entre los distintos eslabones, con mayores penas para quienes estén a cargo de la organización, administración y/o dirección de las redes narcos.
En el marco del Informe Anual 2020 que se presenta ante el MInisterio Público de la Nación, fiscales de todas las jurisdicciones federales exponen un balance de la actuación de la dependencia, así como propuestas en las que trabajar para optimizar los servicios que prestan.
En ese sentido, Carlos Adolfo Schaefer, a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, y de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en su informe anual resaltó la necesidad de establecer escalas penales para los delitos de tráfico de estupefacientes, con una coherencia en las penas según las responsabilidades en la cadena del delito narco.
Según Schaefer, la política de seguridad orientada a la persecución del tráfico de estupefacientes, es una tarea compleja, siendo indispensable dotar de instrumentos legales que propicien el desaliento en llevar a cabo este tipo de actividad delictiva a través de una urgente reforma de las normas referidas al narcotráfico.
Específicamente plantea propiciar un aumento de la pena para aquellos sujetos involucrados en la organización, administración y/o dirección de una red de producción, fabricación, comercialización o distribución nacional o internacional, correspondiendo para ellos, penas de prisión más graves.
El Fiscal destacó que desde esa dependencia se logró un trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad en las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal, para determinar a los verdaderos responsables del narcotráfico, diferenciándolos incluso de aquellos que participan de manera fungible en el delito, lo que se evidencia al momento de solicitar las penas en los juicios.
Ya en el año 2019 el Fiscal Schaefer había expuesto que el problema del narcotráfico constituye un fenómeno criminal ya instalado en la Argentina y que cada vez adquiere mayor visibilidad e impacto social, que requiere justificada e inmediatamente tanto del gobierno como de los operadores judiciales, acciones claras y eficaces para combatirlo.
Señala que el avance del narcotráfico dentro del territorio nacional es uno de los temas más preocupantes para la sociedad, siendo de público y notorio conocimiento que se han instalado grupos de crímenes organizados transnacionales, con gran despliegue de su actividad delictiva, constituyendo un peligro para la salud pública de nuestra sociedad, como también para las instituciones de la República. "Ello es así en cuanto se observa en el despliegue de su actividad delictiva mayores niveles de protección, en la medida que crece su negocio y ocupación territorial, corrompiendo a jefes policiales, intendentes, concejales, jueces, etc, que se hallan imputados y/o detenidos en varias provincias por su vinculación con el narcotráfico".
Para el fiscal, la política de seguridad orientada a la persecución del tráfico de estupefacientes, es una tarea compleja y que por lo tanto requiere medidas también complejas y sostenidas en el tiempo. Para lograr la neutralización de estos delitos, se requieren acciones y tareas conjuntas, la articulación entre el sistema judicial, las fuerzas de seguridad y organismos provinciales e internacionales encargados de la persecución de este tipo de delitos.
Considera ya en ese entonces que a los máximos responsables debía caberles la pena de prisión perpetua, argumentando que esa medida propuesta obedece al gran impacto que generan este tipo de delitos, que trasciende a otros, como ser la trata de personas, tráfico de personas, lavado de dinero, robo automotor, etc.
"Es decir que la misma se traduce en una especie de delito con efecto pluriofensivo, por cuanto afecta a varios bienes jurídicos protegidos por la ley, y que va en detrimento de una adecuada convivencia social" manifestó.
