Una jueza dio lugar a una acción de amparo de cinco ciudadanas y dicta la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en esa provincia.
La jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, Chaco, decidió hacer lugar a una medida cautelar, peticionada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Ávila, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina, contra la Ley 27.610 y ordenó suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo en esa provincia.
La imedida va dirigida, “contra el Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco y/o quien resulte responsable”.
El IVE acaba de ser promulgada por Presidencia de la Nación tras su votación en el Congreso Nacional un mes antes.
Con el patrocionio de Fernando Enrique Guirado, las cinco promotoras solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma agumentando que el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana.
Desde la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito en la provincia de Chaco, anticiparon que se trabaja en una estrategia jurídica y política contra la decisión judicial.
No es el único planteo legal contra la Ley 27.610- IVE- pero sí el primero que encuenra una acogida favorable. La semana pasada, el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio rechazó una medida cautelar que pretendía suspender la ley de IVE a través de una presentación contra el Protocolo ILE del Ministerio de Salud, establecido en 2019, y que más tarde fue ampliada tras la sanción de la ley.
Los "Provida" habían anticipado que denunciarían por genocidio al Estado y pedirán la inconstitucionalidad de la ley de aborto.
Ellos sotienen que “que el derecho a la vida emerge necesariamente del reconocimiento a la persona humana y su dignidad como centro del sistema de la democracia liberal. Por su parte, la Corte Suprema enfatizó el carácter de la vida como primer derecho natural, preexistente a toda legislación positiva aunque reconocido en la Constitución y las leyes”.
