Las provincias tasas más altas de feminicidios en 2020 fueron registradas en Corrintes, Jujuy, Tucumán, Salta y Chaco, señala hoy el informe “Mujeres, Disidencias, Derechos” del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana Libres y Diverses -MuMaLá- en base a datos de su Registro Nacional de Femicidios.
De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios presentado por el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2020 se perpetraron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y trans- travesticidios.
En el año 2020 ocurrió 1 femicidio cada 32 horas, hubo, además, 278 intentos de femicidios, 300 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.
En total, se registraron 270 femicidios, de los cuales 230 fueron directos, 15 vinculados de niñas/mujeres, 17 vinculados de niños y varones, 6 fueron trans/travesticidios, 2 fueron lesbicidios y otras fueron 34 muertes violentas están en proceso de investigación.
En contexto de pandemia COVID-19 hubo 203 femicidios, de los cuales en el 40% de los casos víctima y victimario convivían, el 13% de las víctimas estuvo desaparecida, el 7% fue abusada sexualmente, el 4% ejercía la prostitución y el 8% de las mujeres era migrante de otro país, el 4% de otra provincia.
La tasa nacional de femicidios es de 1,1 c/ 100.000 mujeres, y las provincias tasas más altas fueron Jujuy -2,8-, Tucumán -2,1-, Salta -1,8-, Chaco -1,6- y Corrientes -1,6-, subraya el informe.
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"Exigimos al Estado Nacional presupuesto acorde para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+", se expresó MuMaLá. "Reclamamos la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans, que siguen con demoras burocráticas y clientelares (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar", se señaló. "Es urgente declarar la #EmergenciaNiUnaMenos; la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente", reclaman.
