Los senadores de distintos bloques favorable a la despenalización del aborto revelaron ayer su intención de emitir dictamen sobre el proyecto con sanción de Diputados el próximo jueves 17. Lo harán después de tres jornadas de análisis que comenzaron en la víspera con un plenario de comisiones al que concurrieron los ministros de Salud, Ginés González García, y de la Mujer, Elisabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
El anuncio fue hecho a través de la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer. La firma en plazo perentorio permitirá debatir la iniciativa en el recinto antes de fin de año. La fecha más probable es el próximo martes 29. Durango explicó también que hoy y mañana expondrán en doble jornada organizaciones no gubernamentales y expertos en audiencia pública.
El número de los expositores disparó una controversia entre los sectores “verdes” y “celestes”, ya que los primeros quisieron reducir la lista de convocados para acelerar el trámite del proyecto. Esa premura fue rechazada por el presidente del bloque oficialista, José Mayans, que cuestionó tanto el proyecto como los argumentos de los funcionarios de su propio gobierno. La divergencia será zanjada entre los presidentes de las tres comisiones del plenario: Durango, Oscar Parrilli y el radical Mario Fiad.
En un clima en el que prevaleció la moderación las preguntas a los funcionarios fueron monopolizadas por los legisladores “celestes” y apuntaron a la cantidad de abortos clandestinos que se realizan actualmente, la regulación de la objeción de conciencia de profesionales que rechacen la práctica y la razón por la que se fija la semana 14 como límite para que la práctica sea no punible.
González García aseguró que entre niñas y adolescentes “el 80% de los embarazos no son intencionales” y que mientras se desarrollaba el debate “estaban sucediendo1000 abortos clandestinos y 100 internaciones en hospitales públicos por día”. Explicó que por tratarse de prácticas clandestinas las cifras eran “estimativas” ante el escepticismo del “celeste” Esteban Bullrich que señalaba que 365 mil abortos anuales equivalen al 50% de los nacimientos que se producen en el país.
La secretaria Vilma Ibarra por su parte sostuvo que la amenaza punitiva había fracasado como política y que se procuraba “ofrecer algo más humano” a las mujeres que tenían embarazos no deseados. Destacó, asimismo, que la norma propuesta cumplía con los compromisos asumidos por la Argentina mediante la adhesión a tratados multilaterales de derechos humanos.
