Para que la próximas victimas del coronavirus no sean nuestros hijos e hijas; ellos son el presente y la reserva futura de la Nación.
Ante el anuncio realizado a través de distintos medios de prensa por la máxima autoridad del Ministerio de Educación de nuestra Provincia en el sentido del posible retorno (aún sin fecha) a las clases presenciales de docentes y alumnos, el Centro de Estudios y de Investigaciones Históricas “Juan Domingo Perón” considera pertinente fijar su posición. Ante tal posibilidad, nos permitimos señalar nuestra postura en contrario, teniendo en cuenta el riesgo de vida al cual se exponen alumnos, docentes y el entorno familiar y social de cada uno de ellos.
El estado de vulnerabilidad apuntado, cursa con el agravante de la indefensión inmunológica existente, lo que obliga a extremar los cuidados, porque el virus en cuestión –Covid-19- atenta contra la VIDA de la población en su totalidad sin distinción de edades y del estrato social al que pertenece.
Las estadísticas constituyen pruebas irrefutables de las consecuencias, en casos irreparables que provoca la pandemia, lo que hace necesario poner en acto al Estado para que cumpla el rol de humanidad inherente a su función, arbitrando las medidas de protección social, ante la realidad en trance que nos sitúa en emergencia sanitaria infecto-contagiosa, con final incierto, supeditado a la creación del antídoto que contrarreste su fatal morbilidad.
El Covid-19 no es una patología azuzada por el oficialismo para amordazar la libertad del ciudadano o para imponer la dictadura fascista, según Elisa Carrió. Se trata de una patología universal que, declarada pandemia por la OMS, ha causado y causa estragos en la población del orbe y cuyo fin, está atado a una vacuna en fase experimental. En marzo de 2020, cuando la OMS declaró al Covid 19 pandemia, se contabilizó en nuestro país 97 casos confirmados y 3 fallecidos. Hoy, trascurrido seis meses se contabilizan 652.174 casos activos, 517.228 recuperados y 13.952 fallecidos, sin contabilizar los casos asintomáticos que transitan por la vía pública y que exponen al contagio a las personas de alto riesgo.
Estamos en presencia de una pandemia cuyo origen es un virus (el coronavirus) poco conocido y cuyo comportamiento –por sus mutaciones- ha provocado más que certeza incertidumbre en la ciencia médica del mundo, al punto tal que, en muchos países en que se creía superado el flagelo, ha recrudecido su presencia con el saldo luctuoso de miles de contagios y de muertes entre los cuales y a pesar de las predicciones más optimistas se ha tenido que computar a la niñez en edad escolar, irresponsablemente expuesta con su presencia física en los establecimientos educativos. Ello ha ocurrido en varios países donde gobiernos que no han resistido a la presión del mercado (un eufemismo con el cual se encubre la mano invisible del interés económico de los que denostando al Estado, privilegian el interés económico de sus empresas) han tenido que retornar –ante el avance del virus- a la fase original, clausurando toda actividad escolar. Tal lo ocurrido en Israel, donde el gobierno de Benjamín Netanyahu –tras un período de clases presenciales- ha cancelado la totalidad de la actividad escolar.
En nuestro país, desafiando la fuerza de nuestras instituciones fundamentales (los Arts. 12 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22 inc. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Art. 82 de la Constitución Nacional y el DNU 297/20, ratificado por el Congreso) y respondiendo a la presión de una dirigencia política que, en su rol opositor, incurre en la irresponsabilidad ciega de no admitir la realidad, el Jefe de Gobierno de la CABA se apresta a habilitar las clases presenciales en plazas públicas (como si la CABA fuere un Estado particular en un Estado federativo), desafiando los riesgos de contagios que se ciernen sobre docentes y alumnos y que de seguro se extenderán sobre los miembros de sus familias.
Se trata sin duda alguna de un modelo que, en modo alguno puede ser emulado, salvo que estemos dispuestos a aceptar el colapso total del sistema sanitario de emergencia, tal como ha ocurrido en Ecuador y Bolivia y en nuestra Patria en Jujuy, donde se ha producido la muerte de connacionales por la falta de camas de terapia intensiva y de respiradores artificiales.
Ante el dilema que tienen los padres y tutores de afrontar la responsabilidad que les impone los Arts. 26 y 29 de la Ley de Educación Nacional, en el sentido de su obligación de hacer concurrir a sus hijos a los establecimientos educativos de nivel primario y secundario (so riesgo de sufrir las sanciones que les impone el Código Penal), se impone la unidad política -sin fracturas- del Jefe de Gobierno de la CABA y de los gobiernos de la totalidad de las provincias con las políticas de prevención adoptadas por el Ministro de Salud Pública de la Nación, en la inteligencia que, el argumento baladí del falso federalismo no puede ser motivo para poner en riesgo la vida de los habitantes del territorio nacional. El virus con su efecto contagiante transita aceleradamente por todo el territorio de la Nación, sin reconocer las fronteras provinciales, y las más severas de las medidas restrictivas.
Mientras subsista la pandemia del Covid 19 y los riesgos que ello conlleva para nuestra población y en particular para la juventud y la niñez en edad escolar, lo humanamente racional exige la suspensión de las clases presenciales y la subsistencia temporal de las clases a distancia, haciendo llegar desde el Estado –nacional y provincial- a todos los niños y jóvenes en edad escolar cualquiera sea el nivel educativo y la clase social a la cual pertenezca, los elementos que brinda la tecnología para el aprendizaje.
La grave crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid19, ha puesto al desnudo la pobreza y la indigencia extrema que castiga al hogar de millones de compatriotas, condenados a vivir en el hacinamiento indigno de verdaderas pocilgas, en los cuales naturalmente ha encontrado su mejor caldo de cultivo el virus del Covid-19. Ha llegado la hora de abandonar el discurso demagógico de los “vulnerables”, para dar lugar a políticas activas del Estado, políticas que promuevan el desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, el pleno empleo, el salario digno y por fin la justicia social históricamente negado por las políticas neoliberales de las clases dominantes.-
Nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a los médicos/as, a los enfermeros/as y a los profesionales de la salud en general, quienes exponiendo sus vidas, están en la vanguardia de la lucha contra el Covid-19.
FIRMAN:
Norberto S. Soto: abogado Laboralista, miembro titular de la FAES. Ex asesor de la CGT-Delegación Corrientes, actual; asesor de organizaciones sindicales.
Héctor O. Castillo: ex secretario Gral. de la Asociación Bancaria-Ctes.
Ramón A. Salazar Peleato: abogado – ex juez en lo Penal.
Ramón A. Gómez: abogado Laboralista- ex director Dpto. Pcial. Ex director Diario Corrientes y ex director IOSAP
Daniel A. Bordón: abogado –docente universitario (UNNE)
Juan M. Roldan: abogado
Germán Wiens: ex funcionario Poder Judicial de la Nación
Carlos A. Cassarino: docente e historiador
