Corrientes, lunes 04 de mayo de 2026

Sociedad Corrientes
SAN MIGUEL

Disputa por un terreno en Colonia San Antonio mantiene en vilo a la comunidad

07-09-2020
COMPARTIR     
Foto ilustrativa

Por un lado, Estela González, integrante de la Comisión Directiva de la Unión Campesina realizó una denuncia policial por el “intento de usurpación de su lote en Colonia San Antonio (San Miguel)”, contra Antonio Lezcano, líder campesino integrante de la APPPC (Asociación Provincial de Pequeños Productores) que ocupó la vivienda que él mismo construyó hace más de 15 años e inició, también, acciones legales. En tanto, la Democracia Cristiana emitió un comunicado manifestado su “profunda preocupación”.

La denuncia policial contra Lezcano fue realizada el 3 de septiembre y la hizo la señora Estela González, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Campesina. La señora González, según aseguran desde la Comisión, “tiene el título de propiedad de la tierra”, el cual habría obtenido, señalan: “Siendo parte de una lucha colectiva que benefició a cientos de familias campesinas, mediante una ley provincial de donación de tierras fiscales”.

Indican, también, que Antonio Lezcano, líder campesino integrante de la APPPC (Asociación Provincial de Pequeños Productores), en su intento de usurpación, también habría amenazado “con un cuchillo” y alentó para que se produjera un “enfrentamiento armado en forma irresponsable”.

Al respecto. El PDC emitió un comunicado en el que responsabiliza al Estado por esta situación en que ambas partes, pareciera tener su razón en base a un acuerdo alcanzado en 2014. Leer aquí comunicado:

COMUNICADA DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
“La Democracia Cristiana de Corrientes (PDC) expresa su profunda preocupación por el conflicto existente en Colonia San Antonio (Dpto. San Miguel), donde dos vecinos (Estela González y Antonio Lezcano) protagonizan un conflicto por la posesión de un predio de 15 hectáreas.

“Dicho conflicto tiene hoy un capítulo más, con la ocupación pacífica que, desde hace 72 horas, realiza Lezcano de la vivienda que él construyó hace más de 15 años en dicho predio.

“La historia comienza el 5/10/1994, cuando el ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) le vende 15 hectáreas al Sr Antonio Lezcano, quien empezó a abonar las cuotas correspondientes y, mediante un Convenio firmado entre la Asociación de Pequeños Productores –APPPC- y el Programa Social Agropecuario, avanzó con la construcción de una vivienda.

“En aquellos años, por difíciles situaciones que le presenta la vida, Lezcano no habita inmediatamente en el lugar, lo que lleva a la organización “Unidad Campesina” a realizar un trámite de ocupación para la Sra. Estela González, quien en todo momento manifiesta que solo le interesa la mitad del predio.

“En ese contexto, el Sr Lezcano acepta entonces iniciar una negociación con la Sra. González y ambos, en el ámbito del Ministerio de la Producción, alcanzan un acuerdo por el cual se distribuirían, respectivamente, 7,5 hectáreas para cada uno/a.

“Pero, por alguna razón que se desconoce, finalmente el gobierno de Ricardo Colombi le otorga la escritura de las 15 hectáreas a la Sra. González, obviando el acuerdo alcanzado.

“Así las cosas, Antonio Lezcano, teniendo en su poder el boleto de compra-venta de la propiedad, el Convenio de la construcción de la vivienda y también numerosos testigos de la Colonia a su favor, decide la semana pasada ocupar pacíficamente la vivienda y también iniciar una medida legal para recuperar el predio conforme al acuerdo alcanzado en 2014.

“Cabe destacar que Antonio Lezcano es un líder campesino integrante de la APPPC que, en su momento, se puso al frente de la defensa de la Escuela de la Familia Agrícola –EFA “Ñande Roga”- cuando la misma fue desalojada del predio de la Fundación San Nicolás. Además, es referente de la lucha por lograr que el Estado Provincial devuelva a las comunidades de San Miguel y de Loreto, las 3.100 hectáreas incautadas ilegalmente a dicha Fundación. Esto da una pauta entonces de que el conflicto está atravesado fuertemente por cuestiones políticas.

“Finalmente, el PDC entiende que este conflicto fue desatado en 2014 por el Estado Provincial, por lo tanto, es deber y obligación del mismo resolverlo ahora, otorgando a Estela González y a Lezcano un predio de 7,5 hectáreas a cada uno/a”.