Familiares de víctimas de gatillo fácil y trabajadores de la economía popular de Corrientes se movilizaron hoy hacia Jefatura de Policía y hacia el Ministerio de Seguridad acompañando la sexta marcha nacional contra el Gatillo Fácil.
Denuncian violencia represiva estatal, muertes en cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias, y reclaman de la derogación del Código Contravencional de Faltas de Corrientes.
Los familiares y víctimas marcharon hasta Jefatura de Policía, Brigada de Investigaciones, al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario, en denuncia de la responsabilidad estatal "en la estructura de represión, de disciplinamiento social hacia jóvenes, uchadores sociales y hacia quienes reclaman por sus territorios", indicó a momarandu.com la coordinadora de la Red de Derechos Humanos, Hilda Presman.
"En los asentamientos, los carreros son impedidos de trabajar, los vendedores callejeros, todos ellos son víctimas de la violencia estatal represiva, del Código de Faltas", afirmó.
"Denunciamos que la mitad de los casos de los 131 de muertes por gatillo fácil en la provincia suceden dentro de las veinticuatro horas de detención, lo que tiene que ver con esto de la figura de la averiguación por antecedentes y las demoras por contravenciones sin contralor judicial, que son las que permiten el accionar abusivo, represivo y violento de las fuerzas de seguridad, con amparo cómplice del Poder Político y del Poder Judicial", dijo la coordinadora de la Red.
En el eje de la marcha habló Norma Arapí, por el esclarecimiento del asesinato de su hermano el veinte de diciembre de 2001, en el marco de las jornadas que precedieron a la caída de De La Rua en el año 2001, y sobre la investigación, el seguimiento, la denuncia y la presión judicial que tuvieron que hacer los familiares para lograr la detención, incluso de imputados que se habían fugado, para los cuales ahora "el Juzgado de Ejecución está presto a darles la libertad condicional".
También habló Érica Maura, que es la mamá de Kevin, quien reiteró que a Kevin Candia lo mataron las fuerzas de seguridad y penitenciarias en forma conjunta, que irrumpieron violentamente en la unidad penal 1, para con la excusa de "un motín inexistente".
Las organizaciones sostienen que "no hubo más que un conflicto menor por una pelota que se fue de la cancha, y que desembocó que el servicio penitenciario, con la anuencia del Ministerio de Seguridad, que estuvo presente en todo momento en esa jornada negra, convocará a las fuerzas de seguridad especiales de la policía, al grupo PAR, al grupo de Infantería, al GTO, que fueron quienes junto con los penitenciarios que vinieron de civil, que estaban en cuarentena, fueron quienes violentamente reprimieron en la Unidad Penal".
Denuncian que el proceso de la causa que se está instruyendo "es muy complicado por la participación de todas estas fuerzas de seguridad".
Además se habló sobre el caso de Francisco Cruz, "un carrero, reciclador, que para buscar nuevos horizontes, mejor futuro, se había radicado en Florencio Varela; una de las noventa y dos personas que el Estado asesinó en esta Cuarentena.
