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Instituciones de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventudes de Corrientes pidieron intervenir en el debate de proyectos de leyes para regular los institutos de alojamiento de menores. Señalan que es una oportunidad para dejar de lado el paradigma de la tutela estatal sobre los menores y escuchar la opinión de quienes transitaron por hogares, atender sus intereses, y lograr cambios profundos que repercutan en su bienestar.
Quienes forman parte de la Red presentaron una nota a la Cámara de Diputados de la Nación en la que expusieron que celebran que el ámbito legislativo demuestre intención en acrecentar la normativa específica en relación a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la provincia de Corrientes.
Se trata de los proyectos denominados "Condiciones de funcionamiento de Hogares de Niños, Niñas y Adolescentes" y "Procedimiento para la Prevención del Abandono y la Institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes en la Provincia de Corrientes”.
Señalan que los proyectos de ley, “aún con buenas intenciones, no hacen más que afirmar el objeto de tutela estatal sobre los niños, niñas y adolescentes, lo cual necesita ser revisado en profundidad para no distanciarse de una perspectiva o paradigma actual que los identifica como sujetos de derecho”.
Indican que las iniciativas no hacen referencia a la cuestión o problemática de fondo alrededor de la necesidad urgente de avanzar en propuestas legislativas integrales y de mayor alcance, que posibiliten cambios concretos a corto y mediano plazo en la realidad de la totalidad de los NNyA, garantizando la promoción, el ejercicio y el acceso a derechos, así como restitución en caso de vulneración.
Plantean que la viabilidad de las propuestas que plantean las modificaciones y/o nuevos procedimientos de actuación, dependerán de la posibilidad de evaluar y repensar, de manera profunda y urgente, la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia (COPNAF), dadas las competencias administrativas y responsabilidad que a este organismo les caben en cuanto a la promoción, protección, acceso y restitución de derechos de NNyA.
"Esta actualidad coloca en agenda la importancia de generar un cuerpo normativo de fondo, como podría ser una ley de protección y promoción de derechos provincial, que formalice y garantice sustentabilidad y continuidad de políticas públicas integrales para la promoción y protección de derechos de NNyA en tanto sujetos de derecho” señalan desde la Red.
Manifiestan que son conscientes que para lograr transformaciones es necesario avanzar en construcciones colectivas que recuperen la diversidad de mirada sobre las problemáticas actuales. “Expresamos nuestro compromiso a participar en esa construcción y transformación y manifestamos nuestra disponibilidad para escuchar y ser escuchados”.
APORTES A LOS PROYECTOS
En el caso de la institucionalización de menores, indican que, como estrategia de restitución de derechos, de la cual es necesario regular el accionar de espacios específicos, hogares y personal, "no debe perderse de vista la necesidad de recuperar las voces de NNyA que han transitado o viven actualmente allí, respetando de este modo el derecho a ser oído, sus opiniones y experiencia”.
Consideran que el texto legal proyectado resulta incompleto y a la vez necesita ser re direccionado hacia una finalidad acorde con la Convención de los Derechos del Niño. “La finalidad de una legislación no puede ser solamente que los niños alojados en una institución del estado tengan una vida digna, sino que no permanezcan allí y que el tránsito sea para restituir derechos vulnerados y por el menor tiempo posible”.
Se trata de apuntar a la desinstitucionalización que debe ser el objetivo de toda institución, no obstante, estiman que resulta necesario regular sobre las instituciones de alojamiento a fin de evitar variaciones de criterios y directivas.
“Se torna necesario que un solo cuerpo legal satisfaga todos los aspectos relacionado con el ingreso, permanencia, condiciones de la misma, estructura del lugar, organización interna y organismo de contralor”, aportan.
Plantean que sancionar una herramienta integral promoverá los cambios sólo si las directivas políticas y la educación de la sociedad acompañan, “pero necesariamente podríamos empezar por ahí”.
Sobre el procedimiento para la prevención del abandono y la institucionalización de NNyA de Corrientes, indican que, si la legislación sólo contempla las medidas de acción directa sobre el grupo familiar, se estaría soslayando la gran importancia de la Ley 26.061 que indica que en la elaboración de políticas públicas de la Niñez tiene prioridad la asignación del presupuesto y prioridad en la atención.
Al respecto, consideran que faltan políticas públicas de fortalecimiento familiar, apoyo a la familia de origen, políticas inclusivas que permita la autonomía económica de la familia y la posibilidad de autogetionarse para criar a los hijos.
Expresan que el proyecto tiene un fuerte sesgo de tutela, que estereotipa a los niños, niñas y adolescentes como incapaces, necesitados de tutela, que genera una visión errónea hacia esta población que se traduce en relaciones verticales y hasta arbitrarias.
PAUTAS A SEGUIR
Desde la Red concluyen que los principios rectores de una legislación óptima de NNyA, son en líneas generales las siguientes pautas básicas: políticas que permitan su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, así como también la construcción de vínculos de cuidado y protección; intervenciones pertinentes que contemplen la singularidad del caso.
Además, se debería promover la participación de los menores en las decisiones que atañen a su vida, y que los menores asuman una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, y que los NNyA sean informados de los motivos por los cuales ingresa a un dispositivo de alojamiento, el tiempo que permanecerá allí y cuáles son sus derechos.
Entre las pautas propuestas se incluye que se impulse presupuesto propio para la temática, y que los organismos de contralor de los hogares tengan integración de la sociedad civil y ONG del medio; la descentralización administrativa y territorial, y que existan juzgados de familia con secretarias especializadas para todo lo atinente a la vigencia de la Ley 26.061 y control de legalidad.
OTROS ASPECTOS A RESOLVER
Desde la Red exponen, también, la situación de los trabajadores que trabajan en el área de la niñez, dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social.
Indican que la mayoría son personal contratado de manera precaria, becarios, sin el salario óptimo, las condiciones de trabajo adecuadas y jornadas laborales extendidas.
Acotan que las unidades de gestión territorial no tienen movilidad suficiente para realizar entrevistas, visitas a los hogares de los menores, que dificulta dar respuesta en tiempo y forma a las situaciones de vulnerabilidad.
Los trabajadores de hogares de menores deben recorrer instituciones de salud públicas en busca de atención que deberían ser prestadas en los hogares.
Ante la pandemia, las clases continuaron cuando en los hogares de menores no se cuenta con servicio de internet o computadora, y los orientadores o profesionales deben poner sus celulares o computadoras para que los chicos cumplan la actividad escolar o vinculaciones con sus familias.
